Tegucigalpa – La diputada Maribel Espinoza afirmó que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a un grupo reducido de diputados, cometieron varios delitos al aprobar un informe que cuestiona la declaratoria oficial de las elecciones generales de 2025.

Espinoza calificó esta acción como una “clara conspiración”, señalando que la Organización de Estados Americanos (OEA) ya había advertido sobre irregularidades dentro del Congreso.

Citó textualmente el pronunciamiento del organismo internacional, que afirma que “las acciones de un grupo reducido y no plural de diputados hondureños que se reunieron sin respetar las normas del derecho parlamentario para adoptar una decisión destinada a obstaculizar la transición pacífica del poder”.

La diputada informó que enviaron una petición formal a la presidenta Xiomara Castro para que no sancione el proyecto de ley aprobado el jueves bajo la presidencia de Redondo, el cual cuestiona la declaratoria oficial de las elecciones generales. En el documento, los firmantes solicitan que el Ejecutivo ejerza su facultad constitucional, pues el “supuesto proyecto de ley” fue aprobado sin quórum legal y con la participación mayoritaria de diputados del partido Libertad y Refundación (Libre).

Espinoza sostiene que la actuación de Redondo y los diputados configura delitos como “traición a la patria, rebelión, sedición y abuso de autoridad”, al intentar desconocer la declaratoria oficial de los comicios.

LEER: Carlos Umaña dice que CN de Redondo fue “manejado como sucursal del Poder Ejecutivo”

En su argumentación recuerdan que Honduras es un Estado de Derecho donde “el poder solo puede ejercerse conforme a la Constitución y las leyes; y no por voluntad de una persona o grupo de personas”, citando el artículo 1 de la Constitución de la República.

El documento enfatiza que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único órgano competente para organizar y declarar los procesos electorales, y que ya emitió la declaratoria oficial los días 24 y 30 de diciembre de 2025, conforme a la ley.

Asimismo, subraya que cualquier inconformidad con los resultados debe ser conocida exclusivamente por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y eventualmente por la Corte Suprema de Justicia, por lo que el Congreso Nacional no tiene facultad para asumir esas atribuciones.

Finalmente, los firmantes consideran que los hechos deberían ser investigados por el Ministerio Público, ya que se trata de delitos políticos que afectan directamente la institucionalidad democrática del país.