Para enfrentar cargos por narcoterrorismo ante la justicia estadounidense, el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro llegó este viernes a Nueva York, luego de ser capturado en el marco de una operación internacional de seguridad y trasladado bajo estricta custodia federal junto a su esposa, Cilia Flores, también procesada.

El arribo se produjo pasadas las 16.00 hora local en una base aérea de la Guardia Nacional al norte del estado de Nueva York, una instalación militar utilizada para traslados de alto riesgo. El traslado tuvo como objetivo poner a Maduro a disposición del sistema judicial de Estados Unidos, donde desde 2020 existe una causa penal abierta en su contra en el Distrito Sur de Nueva York.

Tras el aterrizaje, agentes del FBI, la DEA y de la policía judicial asumieron formalmente la custodia del matrimonio. Posteriormente, el expresidente fue trasladado a Manhattan y luego al Metropolitan Detention Center, en Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad destinada a acusados por delitos graves, incluidos terrorismo y crimen organizado internacional.

La Fiscalía estadounidense acusa a Maduro de conspiración para el narcotráfico, narcoterrorismo y otros delitos relacionados con el uso de armas y explosivos, cargos que podrían derivar en penas equivalentes a cadena perpetua. En los próximos días, el exmandatario comparecerá ante un juez federal para la lectura formal de cargos y la definición de las condiciones de su detención preventiva.

La llegada de Maduro a Nueva York se produce después de semanas de creciente tensión política y militar en Venezuela y ha provocado reacciones inmediatas a nivel internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó la captura como el cierre del ciclo del chavismo, mientras que varios gobiernos han solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Desde Caracas, el oficialismo sostiene que Maduro sigue siendo el presidente legítimo, mientras la oposición debate los pasos a seguir. En Estados Unidos, en cambio, el caso entra ahora en una fase estrictamente judicial que podría prolongarse durante meses y marcar un precedente histórico en la persecución penal de exjefes de Estado por delitos transnacionales.