Tegucigalpa.- Poco antes de que concluyera su mandato de 2016 a 2020, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) elaboró un proyecto de requerimiento fiscal en contra del expresidente Porfirio Lobo Sosa, en una de las líneas de investigación del caso Narcopolítica, el cual no fue presentado en los tribunales.

En el escrito se estableció que Lobo Sosa, quien gobernó el país entre 2010 y 2014 por el Partido Nacional, recibió millonarios sobornos de la banda de los «Cachiros» para financiar su campaña política de 2009, reveló a ICN Digital la exvocera del organismo, Ana María Calderón.

A cambio, Lobo Sosa, ya en el poder, otorgó contratos de construcción a la empresa Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar), propiedad de la banda criminal, por medio de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), según el documento.

La supuesta participación del exmandatario en esta operación fue revelada por su hijo, Fabio Lobo, quien confesó al Ministerio Público haber sido un negociador entre Devis Rivera Maradiaga, líder de los «Cachiros», para la entrega de los sobornos.

La declaración de Fabio Lobo fue parte de la colaboración que firmó con la Fiscalía de Estados Unidos y que le permitió reducir de 24 a 9 años la condena que pagó por un caso de conspiración en narcoactividad en ese país. Desde septiembre pasado goza de libertad supervisada por dos años en dicho territorio.

La extinta Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), que investigó el caso junto a la Maccih, plasmó la declaración de Fabio Lobo, también acusado en una segunda línea de Narcopolítica, en el proyecto de requerimiento.

¿Por qué no se acusó al expresidente Lobo? Ana María Calderón (peruana) explica, en una entrevista sobre el atraso en la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih), qué impidió llevar a Lobo Sosa ante los tribunales antes de que el acuerdo de la Maccih, firmado entre Honduras y la Organización de Estados Americanos, no fuera renovado.

A continuación, la entrevista con Ana María Calderón:

Hipotéticamente, ¿si le tocara ser la cabeza de la Cicih, qué casos usted retomaría de los que dejó pendiente la Maccih?
Mire, hay dos casos muy importantes: uno, las líneas de investigación de Pandora, el caso Pandora fue muy importante porque allí se pudo establecer que se habían utilizado fondos públicos para campañas políticas, no, es el caso Pandora.

Y el otro caso es el de Narcopolítica, ¿por qué? Porque a través de este caso de Narcopolítica se pudo verificar que las organizaciones de narcotráfico lavaban dinero con el apoyo y la participación del gobierno de esa época.

Entonces, eso es algo, no, es muy peligroso, es una combinación entre el narcotráfico y la corrupción que debiera investigarse y sancionarse. Yo elegiría esos dos casos: Narcopolítica y el caso Pandora.
Otro de los casos, pero que sí ha avanzado, he visto que ha avanzado, es la denuncia que hizo Berta Cáceres sobre el río Gualcarque, que sí he visto que está avanzando, por eso allí no lo menciono.

¿Qué faltó conocer del caso Pandora y Narcopolítica que no conocemos?
Bueno, del caso Pandora quedaron varias líneas de investigación, lo que se presentó fue una sola línea; había más involucrados allí también.

¿Cuántos más?
Bueno, no recuerdo la cantidad de personas porque se dividieron en varias líneas, pero había un buen número. En Narcopolítica, incluso, había quedado ya una segunda línea de investigación con una propuesta de requerimiento de acusación fiscal.

¿Quedó un requerimiento hecho?
Un requerimiento, un requerimiento hecho quedó y entiendo que la Uferco no ha podido avanzar con ello porque prácticamente fue desmantelado, ¿no?

¿Quién es el principal que debió ser acusado?
Je, je, je, je… imagínese usted el gobierno de aquellos años, je, je, je… entonces, no le puedo decir los nombres porque si no me va a decir «está violentando el secreto», pero está vinculado al caso de Narcopolítica, no, que trabajaron los «Cachiros» con el gobierno de aquellos años.

¿Hay algún expresidente vinculado a esos casos?
Sí, sí, por supuesto, eso sí.

¿Estaba en el requerimiento?
Sí, había un requerimiento, como le digo; cuando se fue la Maccih, lamentablemente, la desaparecida Ufecic quedó absolutamente sin apoyo, porque, como le repito, no es que nosotros asesorábamos, sino que el equipo físico que tenía Ufecic eran los fiscales, los policías y los analistas e investigadores de la Maccih.

¿En el proyecto de requerimiento en el caso Narcopolítica había una acusación contra un expresidente?
Sí, si uno ve el requerimiento de Narcopolítica I, ya se puede ver, nos podemos imaginar por dónde iba.
Solo que cuando ya se trata de funcionarios de muy alto nivel, la carga probatoria tiene que ser considerable.

¿Y ustedes tenían toda la carga probatoria contra ese expresidente?
Eh, había sido una carga probatoria bastante interesante, pero faltaba alguna información de fuera de Honduras. Ahí estaba el gran desafío.

¿Y estaba orientado a que recibió dinero de narcotraficantes ese expresidente?
De los «Cachiros«, claro, sí, por supuesto, por supuesto que sí. La modalidad de Narcopolítica es que los «Cachiros» dieron unas sumas de dinero para la campaña de ese expresidente y él, a su vez, se comprometió a que, cuando llegara al gobierno, los iba a beneficiar, y así fue, los benefició con contratos públicos para hacer carreteras.

¿Qué les prometió este expresidente a los «Cachiros»?
Bueno, de acuerdo al requerimiento que se presentó, este expresidente les recibió como una donación, no, un dinero de los «Cachiros«, y ellos, a su vez, iban a recibir contratos para hacer supuestamente carreteras.

Y, efectivamente, les dieron 21 contratos a favor de la empresa Inrimar, de propiedad de los «Cachiros«, para realizar diversas obras en el departamento de Olancho. Nunca se hicieron, pero ¿cuál era la finalidad de estos contratos? La finalidad no era construir las carreteras, sino efectuar lavado de dinero a través de estas empresas.

¿Por este caso iban a acusar al expresidente?
Así es, así es, sí. Estos hechos ocurrieron en el año 2009, durante la campaña política de ese año, y el caso lo presentó la Maccih en mayo de 2019.

¿Por qué no pudo ser acusado en ese momento ese expresidente cuando se presentó la primera línea?
Como le decía, cuando se presentó la primera línea, estaban solamente algunas personas o funcionarios de mediana jerarquía. A ver, estaba Miguel Rodrigo Pastor, que era ministro de Soptravi, y Walter Leonel Maldonado, director de Carreteras.
Para presentar el requerimiento contra el expresidente, se requería una información adicional, para lo cual era necesaria la cooperación internacional.

¿No llegó la asistencia?
No, no se logró. Fue más rápido que se fuera la Maccih que que llegara la asistencia internacional.

Si fue para la campaña de 2009, luego fue presidente entre 2010 y 2014.
Correcto.

¿Es el expresidente Porfirio Lobo?
Uju (asintió).

¿Cuánto recibió en soborno?
Esto fue como consecuencia de que Fabio Porfirio Lobo (hijo de Pepe Lobo) y David Leonel Rivera Maradiaga dieron esa información de que proporcionaron ese dinero.

¿A quién le dieron esta información?
Esta información la declararon mientras estaban presos en Estados Unidos, entonces se tomó allí la declaración y se ratificó ante la Ufecic, con las ratificaciones correspondientes, para que fueran validadas e ingresadas al caso.

¿Cuál es el otro caso que estaba listo y no se presentó requerimiento?
Bueno, las líneas de Pandora, que surgieron a raíz de un colaborador eficaz. Se tuvo un colaborador eficaz en el caso Pandora y él dio una serie de informaciones muy interesantes que, lamentablemente, tampoco se lograron investigar.

Las líneas de investigación quedaron en las manos de Uferco.
Y el otro caso es Red de Diputados. Los diputados comenzaron a recibir dinero que supuestamente iba a parar a unas fundaciones, pero esas fundaciones solo recibían el dinero y se los devolvían directamente a las cuentas personales de los diputados.

Se presentó un primer caso que fue archivado durante varios años, pero recién el año pasado la Corte Suprema logró emitir un pronunciamiento para reabrir el caso.
Había otras líneas de investigación porque esa era la punta del iceberg, por eso se llamaba Red de Diputados, y había mucho más que investigar.

¿Es decir, si se instala la Cicih, tendrá mucho trabajo con lo que dejó pendiente la Maccih para presentar requerimientos?
Así es.

¿Por eso es que la clase política, de todos los partidos, le tiene miedo a una Cicih?
Sí, lamentablemente, eso diría que es la motivación para no poner tanto empeño en que llegue una Cicih. Fíjese que la Maccih pudo haberse quedado. Es más, en las discusiones que hubo entre la OEA y el gobierno para la renovación del convenio, el gobierno de ese entonces exigía que desapareciera el apoyo que se daba a la Ufecic. Querían que la Maccih quedara solamente como una misión diplomática, de asesoramiento, pero no querían que se siguiera apoyando al Ministerio Público ni trabajando con Luis Javier Santos (jefe de la Uferco en ese momento).

¿Cuántas personas más iban a ser acusadas en estos tres casos?
Fíjese que no le podría dar un número determinado porque a medida que se avanzaba en una línea de investigación, salían más nombres. Era impresionante. Nosotros le decíamos «esta es una corrupción a cielo abierto» porque los hechos de corrupción estaban a la vista, solo hacía falta investigarlos.

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