Bogotá, Colombia.- Casi una década después de firmar el acuerdo de paz, líderes de la extinta guerrilla de las Farc fueron sentenciados por primera vez el martes a cumplir trabajos sociales y otras penas alternativas a la prisión por más de 21.000 secuestros en Colombia.

Siete exlíderes rebeldes, incluido su último comandante, conocido como Timochenko, recibieron la máxima sentencia establecida en el acuerdo de paz de 2016. Además de restricciones a su movilidad, deberán participar en actividades para dignificar a las víctimas, colaborar en la búsqueda de desaparecidos y en procesos de desminado en las zonas donde operaron.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) consideró responsables a los excomandantes del Secretariado por los secuestros cometidos antes de deponer las armas y formar un partido político. Los exlíderes admitieron su responsabilidad en 2022 y aseguraron estar dispuestos a “cumplir con el propósito de reparar a la sociedad colombiana”.

El tribunal tardó más de siete años en emitir la primera sentencia, en medio de críticas de detractores del acuerdo por su supuesta indulgencia con los rebeldes, quienes también son acusados de otros crímenes de lesa humanidad, como el reclutamiento de menores. Durante su insurgencia, las Farc tomaron como rehenes a militares, policías, empresarios y dirigentes políticos, incluida la franco-colombiana Ingrid Betancourt, quien se declaró “humillada” por la decisión del tribunal.

Como parte del acuerdo que benefició a unos 13.000 combatientes, los rebeldes se comprometieron a confesar sus crímenes y reparar a las víctimas a cambio de participar en política y evitar la cárcel. Entre los condenados están Rodrigo Londoño (Timochenko), Rodrigo Granda, conocido como el “canciller” de las Farc, y dos senadores actuales.

La JEP señaló que los secuestrados fueron sometidos a “malos tratos y humillaciones” que ignoraban su dignidad humana, e incluso obligados a trabajar “de manera gratuita”, calificado por el tribunal como “esclavitud”. La ONU consideró la sentencia un “hito en los procesos de paz”, mientras que Human Rights Watch cuestionó la falta de claridad sobre los límites de las restricciones de libertad de los condenados.

El secuestro, una de las heridas más profundas del conflicto colombiano, tuvo casos emblemáticos como el de Ingrid Betancourt, retenida durante más de seis años, mientras que la detención más larga de un secuestrado por las Farc duró 14 años. A pesar del acuerdo de paz, los secuestros han aumentado 82% en 2025 en comparación con 2024, según la Policía Nacional.