Tanto como en el caso de Narcopolítica l, del 24 de mayo del 2019, y en esta segunda etapa, los cargos se refieren al otorgamiento de contratos de INRIMAR, que aparentemente tenían como meta realizar obras en los departamentos de Olancho, Colón y Yoro.
Por incumplimiento de entrega voluntaria y no asistir a la audiencia de la declaración de imputado, se ha remitido este jueves nuevas órdenes de captura en el caso de Narcopolítica ll para la representante legal de la empresa INRIMAR, Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, además de la hermana y representante legal de la empresa Arquitectura, Diseño y Construcción S. de RL. Irza Fané Pacheco.
La Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO) denominó el caso como Narcopolítica ll que desde ayer miércoles se desarrolló la primera audiencia inicial en contra de la ex asistente de la gerencia técnica de Fondo Vial, Iris María Sarmiento Ferreira, imputada que se presentó a los tribunales de la justicia en torno al caso.
Se detalló que los otros cómplices son: el ex director del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano, el ex titular de la Gerencia Técnica, asimismo Elder Jacobo Gómez Gavarrete y el gerente propietario de la empresa INRIMAR, Devís Leonel Rivera Maradiaga, este mismos con proceso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Esta segunda fase del caso Narcopolítica comenzó el pasado 12 de septiembre de 2023, que en su primera etapa el caso denunció a 12 personas por los cargos de lavados de activos, proveniente del tráfico de drogas internacional en actividades con el Estado de Honduras, que la mayoría de estas no se llevaron a cabo.
En ese momento, los imputados eran el ex ministro Miguel Rodrigo Pastor de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), actualmente extinta, responsable de 21 crímenes de fraude, cohesión y lavado de activos, también con los ex funcionarios Marlon Geovanny Flores y Carol Ivonne Pineda por 21 delitos de fraude, y Norberto Quezada y José Manuel Valladares Rosa estos por 10 delitos de fraude. además de Lucas Jetssel Velásquez por un delito de fraude.
Asimismo, detallan los nombres de Fabio Porfirio Lobo Lobo y Devís Leonel Rivera Maradiaga, ambos con cargos de conspiración en narcoactividad en Estados Unidos
Además, tanto como en caso de Narcopolítica l, del 24 de mayo del 2019, y en esta segunda etapa, los cargos se refieren al otorgamiento de contratos de INRIMAR, que aparentemente tenían como meta realizar obras en los departamentos de Olancho, Colón y Yoro, que en momento se confirmó que se que se les aprobó 21 contratos por más de 68 millones de lempiras (L.68.326.690.12), por lo que ahora se les registró 10 contratos más por más de 50 millones de lempiras (L.50.786.654).
Dichos contratos se acreditaron para la empresa INRIMAR a pesar que no contaba con los requisitos necesarios que establece la ley para poder ser contratada por el Estado, en ese momento bajo el gobierno del ex presidente Porfirio Lobo Sosa.
Por lo que, dichas obras nunca se cumplieron, y las otras que sí se realizaron fueron sobrevaloradas, contratos que funcionó para que la empresa INRIMAR pudiera hacer el delito de lavado de activos del narcotráfico, a través de instituciones gubernamentales.
LEA TAMBIEN: Genera “suspicacia” remoción de funcionarios de la ATIC y FETCCOP a la Uferco
Pavel Aguirre 
Fernando