Diputados del Congreso Nacional discutirán reformas al Código Penal, enfocándose principalmente en sanciones contra la corrupción. Sin embargo, grupos feministas como Visitación Padilla piden extender a los 298 municipios la ordenanza municipal impuesta en La Ceiba, que castiga con multas de 10 mil lempiras o trabajos obligatorios a quienes emitan piropos obscenos.
Según datos de la Organización de Naciones Unidas, solo 12 de los 189 países reconocen el acoso callejero como delito. En América Latina, Perú fue pionero en imponer esta normativa. Las feministas exigen a los diputados legislar contra el acoso callejero, incluyendo miradas lascivas, piropos, silbidos, besos, bocinazos, jadeos, gestos obscenos, comentarios sexuales directos o indirectos, fotografías y grabaciones no consentidas con connotación sexual, tocamientos, persecución, arrinconamiento, masturbación y exhibicionismo.
A pesar de la falta de reconocimiento legal, organizaciones internacionales aseguran que el acoso callejero afecta mayormente a menores de 12 años, independientemente del género, aunque se da con más frecuencia en mujeres. Las consecuencias inmediatas para las víctimas de acoso callejero son significativas. Esta práctica no deseada genera un impacto psicológico negativo y limita la movilidad, coarta la autonomía y provoca miedo a estar en espacios públicos.
Los efectos del acoso se demuestran en acciones cotidianas de las víctimas, como cambiar los recorridos habituales, modificar horarios de tránsito, preferir caminar acompañadas, cambiar su modo de vestir y evitar salir a espacios públicos.
Las feministas piden a los diputados no evadir el tema y dar respuesta inmediata. Insisten en que la ley debe reconocer y sancionar el acoso callejero para proteger a las mujeres y a todas las personas afectadas. Este llamado a la acción busca garantizar que se tomen medidas concretas y efectivas para erradicar el acoso en todos los municipios del país.