Lavado de activos en Honduras se expande por leyes débiles, dice Departamento de Estado

por Redacción Web |

Lavado de activos en Honduras se expande por leyes débiles, dice Departamento de Estado
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Tegucigalpa. Las deficiencias en las leyes y la falta de supervisión efectiva permiten que el lavado de activos proveniente del narcotráfico y otros crímenes siga expandiéndose, según el Informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 2025 del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

A pesar de los esfuerzos para combatir este flagelo, el reporte resalta que el lavado de dinero sigue siendo una problemática profundamente arraigada en los sectores públicos y privados. El lavado de dinero proviene tanto de actividades locales como internacionales, según el análisis presentado en el documento.

La extorsión, el tráfico de personas y el contrabando de migrantes son algunos de los delitos que perpetúan la corrupción, involucrando tanto a actores del sector privado como público, tal como se indica en el reporte.

Los recursos derivados de la corrupción están siendo canalizados a través del sistema financiero y las empresas no financieras, lo que facilita aún más la perpetuación de estos delitos, según los hallazgos del documento.

Un problema clave señalado en el reporte es la falta de capacidad de las autoridades judiciales y de seguridad para abordar los delitos financieros complejos.

Esto ha creado un entorno propicio para el lavado de dinero, como se explica en el análisis presentado.

Las fuerzas del orden no cuentan con los recursos ni con la formación necesaria para enfrentar las sofisticadas tácticas empleadas por las organizaciones criminales.

Además, la deficiente coordinación entre el Ministerio Público y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha conducido a una política de «des-riesgo» en el sistema financiero, como respuesta ante la falta de garantías legales, según el análisis contenido en el reporte.

El documento también destaca que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), encargada de supervisar la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ha logrado avances en la recepción de informes de actividades sospechosas, especialmente en el sector no financiero.

Sin embargo, la supervisión sigue siendo insuficiente, según lo expuesto en el reporte.

La falta de una normativa robusta y actualizada deja abiertas las puertas para que las actividades ilícitas pasen desapercibidas, según se detalla en el análisis.

Reformas pendientes y la corrupción estructural

A pesar de contar con leyes que exigen la debida diligencia en las transacciones y el reporte de actividades sospechosas, el análisis presentado revela que la Estrategia Nacional de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de 2019 necesita ser actualizada para abordar las nuevas tendencias y modalidades del lavado de dinero.

La falta de una ley de propiedad beneficiaria, que aún está pendiente de aprobación, sigue siendo un vacío legal que debilita la lucha contra este fenómeno, tal como se menciona en el reporte.

El documento también destaca que la corrupción sigue siendo un problema central.

A pesar de las políticas implementadas para combatirla, la reciente amnistía otorgada a funcionarios implicados en casos de corrupción pública ha sembrado dudas sobre el compromiso real con la justicia, según el análisis presentado.

Esta ley de amnistía, respaldada por la Corte Suprema en octubre de 2024, exoneró a exfuncionarios del gobierno de Mel Zelaya condenados por corrupción, lo que agrava la lucha contra la impunidad y la influencia del crimen organizado en las instituciones, según el informe.

El contrabando transfronterizo y el lavado de dinero internacional

El análisis del documento también resalta las dificultades derivadas del libre tránsito de personas y mercancías entre los países de Centroamérica, en el marco del Acuerdo de Control Fronterizo de 4 Fronteras entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Esta libre circulación facilita el contrabando de migrantes y mercancías, lo que aumenta la exposición del sistema financiero del país al lavado de dinero, según se detalla en el reporte.

Las organizaciones criminales transnacionales explotan estas facilidades para mover grandes cantidades de dinero ilícito, eludiendo la supervisión de las autoridades locales, tal como se señala en el análisis presentado.

Criptomonedas: una nueva amenaza

Otro aspecto que preocupa, según el informe, es la falta de regulación en torno a las criptomonedas y los activos virtuales.

Aunque en el país se han implementado cajeros automáticos para criptomonedas, no existe un marco normativo para los proveedores de servicios de activos virtuales, como se indica en el análisis.

Este vacío normativo representa un desafío importante para las autoridades, que enfrentan dificultades para identificar, incautar y decomisar activos virtuales, dificultando la capacidad del país para hacer frente a nuevas amenazas en el panorama financiero digital, según el reporte.

Avances y cooperación internacional

A pesar de los retos, el informe subraya algunos avances significativos.

El país ha comenzado el proceso para establecer la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), con el apoyo de las Naciones Unidas, según lo señalado en el reporte.

Este paso es visto como positivo para mejorar la transparencia y combatir la corrupción.

Además, el país ha colaborado estrechamente con los Estados Unidos en la recuperación de activos ilícitos, como se describe en el análisis.

En agosto de 2024, firmaron un acuerdo para devolver más de un millón de dólares recuperados por el Departamento de Justicia de EE. UU. en un caso de corrupción de alto perfil, según lo detallado en el informe.

Sin embargo, la cooperación internacional debe ser complementada con reformas internas profundas, como se destaca en el análisis.

La creación de una unidad especializada en inteligencia de la riqueza, bajo el Ministerio de Seguridad, ha mejorado la coordinación con las fuerzas de seguridad.

Pero aún persisten deficiencias estructurales, según lo expresado en el reporte.

Para avanzar de manera efectiva en la lucha contra el lavado de dinero, es crucial fortalecer las instituciones encargadas de la fiscalización y priorizar la capacitación de los fiscales, jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tal como se recomienda en el informe.

LEA: Corrupción socava esfuerzos por combatir el narcotráfico en Honduras: informe de EE. UU.

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