Informe del  Comité por la Libre Expresión (C-Libre) Honduras, 2023-2024

El Informe Anual de Libertad de Expresión 2023-2024, elaborado por C-Libre, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa, ofrece un análisis exhaustivo de la situación actual en Honduras. Este informe destaca una crisis profunda en torno a la libertad de expresión, marcada por patrones de violencia, censura y falta de garantías institucionales, los cuales afectan de manera directa a periodistas, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y otras voces críticas en la sociedad hondureña.

El informe inicia señalando el contexto general de Honduras, indica que el país atraviesa una etapa de debilitamiento democrático y consolidación de tendencias autoritarias, donde el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos fundamentales se han convertido en actividades de alto riesgo. Este panorama se enmarca en un contexto de creciente inseguridad, corrupción y concentración de poder político, que afectan profundamente la capacidad de los ciudadanos para expresar opiniones, informar y ser informados.

El informe analiza los principales acontecimientos de 2023 y el primer semestre de 2024, utilizando datos cuantitativos y cualitativos recopilados de alertas emitidas, encuestas a periodistas y defensores, así como la documentación de casos específicos. Este enfoque permite no solo identificar las tendencias de agresión, sino también entender los impactos en las víctimas y los retos estructurales que enfrenta el país para garantizar este derecho fundamental.

El documento se basa en la recopilación de 156 alertas emitidas en 2023 y 2024, complementadas con encuestas realizadas a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. Además, incluye un análisis geográfico y sectorial, lo que permite identificar los principales patrones de agresión y las dinámicas locales que afectan la libertad de expresión en diferentes regiones del país.

Este enfoque combina datos cuantitativos sobre las alertas con narrativas cualitativas que ilustran casos paradigmáticos, como el cierre arbitrario de medios de comunicación o los ataques específicos contra comunidades indígenas. Asimismo, se examina la eficacia del Mecanismo Nacional de Protección, cuya misión es salvaguardar a las personas amenazadas, pero que enfrenta serias limitaciones en su implementación.

Uno de los hallazgos más alarmantes es que la violencia sigue siendo el principal mecanismo de represión contra la libertad de expresión, representando el 78.9% de las alertas en 2023 y el 70.7% en  el primer semestre de 2024. Esta categoría incluye agresiones físicas, amenazas de muerte y ataques digitales, que afectan principalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. En particular, las comunidades indígenas y garífunas enfrentan un entorno de extrema vulnerabilidad, donde la lucha por la defensa de sus territorios los convierte en blancos frecuentes de agresión.

La censura, por su parte, muestra un preocupante aumento en 2024. Este fenómeno afecta tanto a periodistas como a representantes de la vocería comunitaria, quienes ven restringido su derecho a informar sobre temas de interés público. Un ejemplo emblemático es el caso del medio de comunicación AVIVA TV, cuyo cierre arbitrario en Danlí pone de manifiesto cómo se utilizan herramientas legales y administrativas para silenciar voces críticas. Este patrón resalta la fragilidad del entorno mediático en Honduras y la falta de garantías para ejercer el periodismo de forma independiente.

Otro hallazgo clave es la violencia específica dirigida contra las mujeres, particularmente contra las periodistas y defensoras de derechos humanos. En 2023, la violencia por razón de género representó el 84.6% de las alertas en esta categoría. Las mujeres enfrentan no solo agresiones físicas, sino también ataques digitales, incluyendo campañas de difamación, acoso y amenazas. Estas dinámicas generan un entorno hostil que limita su participación en el ámbito público y las expone a mayores riesgos. Aunque en 2024 se registró una disminución en el porcentaje de alertas por violencia, las cifras siguen siendo alarmantes.

El informe también evalúa la eficacia del Mecanismo Nacional de Protección, creado en 2015 para brindar seguridad a quienes enfrentan amenazas por su labor en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Sin embargo, los datos revelan serias deficiencias en su implementación. Solo el 23.74% de las personas encuestadas reportaron haber recurrido al mecanismo, y la mayoría de ellas expresó insatisfacción con las medidas adoptadas. Las principales críticas incluyen la falta de recursos adecuados, demoras en la implementación de las medidas de protección y una percepción generalizada de ineficacia.

En términos de género, las mujeres recurren al Mecanismo con mayor frecuencia que los hombres, lo que refleja su nivel de vulnerabilidad ante las amenazas. Sin embargo, muchas de ellas señalan que las medidas ofrecidas no son suficientes para garantizar su seguridad, particularmente en contextos de alto riesgo, como las regiones rurales y los territorios en disputa.

Entre los agresores más recurrentes se identifican a funcionarios públicos, responsables de un 28.6% de las agresiones registradas, y a actores desconocidos, quienes representan el 42.9%. Este último dato es particularmente preocupante, ya que refleja un alto grado de impunidad y falta de investigación en los casos de violencia. Otros actores señalados incluyen a las fuerzas de seguridad, el crimen organizado y ciertos sectores privados, como empresas involucradas en conflictos territoriales.

Las víctimas más comunes son los periodistas, quienes enfrentan ataques por su labor investigativa y crítica hacia el poder político y económico. También destacan los defensores de derechos humanos, especialmente aquellos que trabajan en temas sensibles como la defensa del medio ambiente, los derechos de las comunidades indígenas y la denuncia de abusos de poder. Los líderes comunitarios, por su parte, enfrentan una doble vulnerabilidad: son atacados por su rol como portavoces de sus comunidades y por su lucha en defensa de los territorios.

El informe emite una serie de alertas que deben ser atendidas con urgencia por el Estado y la sociedad civil. Entre ellas, destaca el aumento de la violencia contra comunicadores y defensores de derechos humanos, el uso de la censura como herramienta de represión y la insuficiencia de los mecanismos de protección. Estas tendencias no solo afectan a las víctimas directas, sino que también representan una amenaza para la democracia hondureña en su conjunto.

La censura y la violencia no solo limitan la capacidad de los ciudadanos para acceder a información veraz y oportuna, sino que también erosionan los cimientos de una sociedad democrática. Sin un entorno seguro para el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos, el país se enfrenta a un deterioro progresivo de sus instituciones y a un debilitamiento del Estado de derecho.

Frente a este panorama, la organización CLibre urge al Estado hondureño a adoptar medidas inmediatas para proteger la libertad de expresión y garantizar justicia para las víctimas. Esto incluye fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección, asignar recursos adecuados para su funcionamiento y garantizar la rendición de cuentas de los responsables de las agresiones. También se hace un llamado a la comunidad internacional para que apoye iniciativas que promuevan un entorno seguro para el ejercicio de los derechos fundamentales en Honduras.

La ciudadanía, por su parte, es instada a mantenerse vigilante y a exigir transparencia y responsabilidad a quienes ocupan posiciones de poder. La defensa de la libertad de expresión no es solo una tarea de los periodistas y defensores de derechos humanos, sino una causa que involucra a toda la sociedad. En un país donde las voces críticas son silenciadas, el derecho a la información y la posibilidad de construir un futuro más justo están en juego.

Este informe no solo expone las amenazas actuales, sino que también busca generar conciencia sobre la importancia de proteger este derecho fundamental como un pilar para el desarrollo democrático. Silenciar las voces críticas no solo afecta a quienes ejercen el periodismo o defienden los derechos humanos, sino que priva a toda la sociedad de la oportunidad de acceder a ideas, información y perspectivas necesarias para construir un país más equitativo y libre.

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