La trayectoria y desafíos de Nasry “Papi a la orden” Asfura
Tegucigalpa. Nasry “Papi a la orden” Asfura llega a un nuevo proceso electoral con una trayectoria marcada por tres décadas de cargos públicos, dos períodos como alcalde del Distrito Central, proyectos de infraestructura, críticas ambientales y varios expedientes fiscales que han acompañado su avance político. Su nombre vuelve a la contienda presidencial de 2025 mientras un proceso judicial permanece pendiente de resolución en la Corte Suprema.
El ascenso de Nasry Asfura, de 67 años, en la vida pública hondureña comenzó en los primeros años de la década de 1990, cuando trabajó como asistente fiscal municipal y, posteriormente, entre 1994 y 1998, como gerente de servicios públicos. Ese tránsito por dependencias de la comuna continuó durante las administraciones de César Castellanos (1998) y Vilma Reyes (1998–2002), acumulando experiencia operativa antes de encabezar proyectos propios.
En 2005 buscó por primera vez la candidatura del Partido Nacional para la alcaldía del Distrito Central. Fue derrotado por Ricardo Álvarez, pero el proceso dejó instalado su apodo “Papi a la orden”. Tras esas elecciones pasó a ser regidor (2006–2009) en la administración de Álvarez. En 2009 obtuvo una diputación por Francisco Morazán, pero dejó la curul tras ser nombrado director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), cargo que desempeñó hasta septiembre de 2011.
El punto decisivo de su carrera llegó con las elecciones generales de 2013, en las que ganó la alcaldía del Distrito Central, cargo para el período 2014–2018, y luego fue reelegido para 2018–2022. Sus dos gestiones impulsaron un amplio programa de infraestructura vial.
En el plano electoral interno, el Partido Nacional lo convirtió en candidato presidencial para 2021, luego de ganar las primarias de marzo de 2021. En las elecciones generales de noviembre de 2021 obtuvo el 36.93 % de los votos y perdió frente a Xiomara Castro.
Ese mismo año, en octubre de 2021, su nombre apareció en los Papeles de Pandora, ligado a una empresa offshore en Panamá.
Para 2025, volvió a competir en las internas del Partido Nacional y ganó la candidatura en marzo de 2025 con el 75.8 % de las marcas.
A lo largo de su carrera, Asfura ha tenido que sentarse más de una vez en el banquillo de los acusados.
En octubre de 2020, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción pidió autorización para proceder penalmente en su contra por presunto abuso de autoridad, fraude, malversación, falsificación de documentos y lavado de activos.
La acusación señalaba el desvío de 29.4 millones de lempiras entre 2017 y 2018, e incluía la emisión de 23 cheques a su nombre, por 17.4 millones, que habrían sido depositados en cuentas personales y de una empresa vinculada.
Tras una serie de recursos, la Sala Penal dejó sin lugar la petición en junio y julio de 2021, al considerar que antes debía intervenir el Tribunal Superior de Cuentas.
Ese mismo año, nuevas observaciones públicas surgieron al aparecer en los Pandora Papers.
El proceso más amplio se abrió en octubre de 2024, cuando la UFERCO presentó un requerimiento fiscal por lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios, nuevamente vinculados a las operaciones de 2017 y 2018.
Según la acusación, se habrían emitido 32 cheques por más de 28.5 millones de lempiras, registrados como fondos rotatorios, especiales o reembolsos, pero destinados —según la tesis fiscal— a cuentas personales, pagos de tarjetas de crédito de él y familiares, compras de joyas, gastos no oficiales de la alcaldía y actividades políticas.
En el marco de ese caso, se ordenó el aseguramiento registral de nueve bienes inmuebles y tres empresas, medida documentada originalmente en marzo de 2021.
En septiembre de 2023, la UFERCO anunció que apelaría un fallo que negaba la extinción de dominio.
En diciembre de 2024, la Corte de Apelaciones confirmó que no procedía la privación definitiva del dominio, al concluir que el Ministerio Público no dirigió adecuadamente la prueba hacia los bienes asegurados.
El expediente dio un giro en noviembre de 2024, cuando la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada declaró la nulidad de todo lo actuado desde la audiencia de imputación —por incompetencia del juzgado de primera instancia—, ordenó la devolución de la fianza (aproximadamente 15 millones de lempiras) y levantó la prohibición de salida del país y la obligación de firma mensual. El caso fue remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece en trámite.
En paralelo a su carrera política y sus procesos judiciales, su biografía personal incluye el origen palestino de su familia y su formación en el Instituto San Francisco durante su educación secundaria.
En la universidad inició estudios de economía y posteriormente de ingeniería civil en la UNAH, pero no concluyó ninguna de las dos carreras. Antes de ocupar cargos públicos, trabajó en el sector de la construcción.
Está casado con Lissette del Cid Fernández desde el 24 de agosto de 1985, siete meses después de conocerse, y juntos tienen tres hijas: Monique, Stephanie y Alexandra.
Hoy, Asfura combina su rol como presidente del Partido Nacional con una nueva candidatura presidencial para 2025, mientras enfrenta un proceso judicial en suspenso y una trayectoria dominada por obra pública, derrotas electorales, señalamientos fiscales y un peso político persistente dentro de su partido.