La Policía investiga a Plus Ultra por el uso del rescate público
Madrid, España.- La Policía Nacional registró este jueves la sede de Plus Ultra para clonar sus servidores. Busca pruebas sobre un presunto blanqueo de capitales vinculado al rescate de 53 millones de euros que el Gobierno otorgó en 2021. La operación forma parte de una causa que instruye el Juzgado número 15 de Madrid.
La aerolínea tiene vínculos con Venezuela. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobó el rescate durante la pandemia. La investigación anterior se archivó en 2023 por un error procesal. La Audiencia Provincial de Madrid determinó que había vencido el plazo legal para imputar a la compañía.
La magistrada Esperanza Collazos había citado a Plus Ultra sin prorrogar la instrucción. Los jueces señalaron que no era posible incorporar más material a una investigación con plazos vencidos. Las acusaciones populares de ese caso incluían a Vox, al Partido Popular y al colectivo Manos Limpias.
El rescate buscaba apoyar a empresas estratégicas. Sin embargo, peritos judiciales concluyeron que la aerolínea tenía signos de insolvencia desde 2019. Para ellos, eso invalidaba su acceso a los fondos públicos. La SEPI y consultoras externas sostuvieron lo contrario. La Abogacía del Estado y la Fiscalía de Madrid descartaron indicios de delito.

La Fiscalía Anticorrupción dirige la nueva investigación. Las autoridades no revelan detalles porque el caso sigue bajo secreto de sumario. Los investigadores revisan, entre otros puntos, el pago que Plus Ultra hizo a PDVSA. La aerolínea afirmó que ese desembolso respondía a una deuda pendiente y que no la pagó antes por las sanciones internacionales. Los peritos independientes señalaron que la compañía debía priorizar otras operaciones antes de cancelar esa deuda.
Paralelamente, la UCO de la Guardia Civil realizó registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza. Estas diligencias están vinculadas a la investigación de la Audiencia Nacional sobre Servinabar. La operación tomó fuerza tras las detenciones de Leire Díez, exmilitante del PSOE, y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. También fue arrestado un tercer implicado en Vizcaya. Según fuentes del caso, no se esperan más detenciones en esta fase.