Tegucigalpa, Honduras.–Los datos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM), reflejados en la serie anual entre 2014 y 2025, permiten identificar con claridad tres etapas de la migración irregular en Honduras: un crecimiento lento pero constante, una explosión sin precedentes y una caída pronunciada en los últimos dos años.

En 2014, Honduras registraba apenas 5,993 personas migrantes en condición irregular. A partir de ese punto, la curva inicia un ascenso gradual que se mantiene hasta 2018, cuando los registros aún no superaban las 6,500 personas por año. Este período coincide con una migración regional más contenida y con rutas todavía en consolidación, en especial hacia México y Estados Unidos.

El primer salto significativo ocurre en 2019, cuando la cifra se eleva a 34,206 personas. Este incremento marca un punto de quiebre: Honduras deja de ser únicamente país de origen para convertirse de forma más visible en país de tránsito. Sin embargo, en 2020 se observa una caída abrupta a 8,154 migrantes, asociada directamente al cierre de fronteras, restricciones de movilidad y controles sanitarios impuestos durante la pandemia de covid-19.

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La recuperación es inmediata. En 2021, los registros vuelven a subir a 17,590 personas, y en 2022 se produce un crecimiento exponencial que dispara la cifra a 188,858 migrantes irregulares. Este aumento coincide con el restablecimiento de la movilidad regional, el agravamiento de crisis políticas y económicas en países como Cuba, Haití y Venezuela, y la reconfiguración de rutas migratorias por Centroamérica.

El punto máximo se alcanza en 2023, cuando Honduras registra 545,043 migrantes irregulares, la cifra más alta de toda la serie histórica. En términos comparativos, este volumen multiplica por más de 90 veces los registros de 2014 y casi triplica los de 2022. El dato confirma que Honduras se consolidó ese año como uno de los principales corredores migratorios del hemisferio, con una presión inédita sobre su capacidad institucional, humanitaria y logística.

No obstante, el comportamiento cambia de forma drástica en 2024. Los registros caen a 374,959 personas, una reducción de alrededor del 31 % respecto a 2023. La tendencia descendente se profundiza en 2025, cuando el INM reporta 39,087 migrantes irregulares, una cifra que devuelve al país a niveles similares a los observados antes del gran repunte, aunque todavía por encima de los registros previos a 2019.

Esta caída no puede leerse como un fenómeno aislado. Diversos factores estructurales ayudan a explicar el descenso: el endurecimiento de controles migratorios en México, acuerdos regionales para la contención del flujo, mayores restricciones de ingreso en Estados Unidos y el encarecimiento de las rutas irregulares. A ello se suma un cambio en la dinámica de movilidad, con migrantes que optan por permanecer en países intermedios o buscar vías alternativas fuera del corredor centroamericano.

Desde una perspectiva periodística de datos, la serie del INM evidencia que la migración irregular en Honduras no responde a un comportamiento lineal, sino a shocks regionales y decisiones de política pública más allá de sus fronteras.

El pico de 2023 aparece como un evento excepcional, difícilmente sostenible en el tiempo, mientras que la caída de 2025 sugiere una reconfiguración del fenómeno más que su desaparición.