Getting your Trinity Audio player ready...

Cuando Sonia Marlina Dubón se paró frente a las cámaras para declarar que su inclusión en la infame Lista Engel era un acto de “injerencia”, la imagen era una mezcla de determinación y desafío. Como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Dubón ocupa un puesto desde donde, en teoría, se debería proteger el Estado de derecho.

Pero ahora, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ella misma lo ha socavado. Esa lista sinembargo, hecha pública el pasado viernes 27, cuyo origen remonta a la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de 2020, se presenta como un espejo áspero en el que los acusados deben confrontar su desagradable reflejo.

Dubón no estaba sola. Junto a ella, en la lista aparecen Ebal Díaz, exsecretario de la Presidencia del gobierno de Juan Orlando Hernández, y Lourdes Pamela Blanco Luque, una abogada con vínculos poderosos. Estados Unidos los acusó de corrupción significativa y de actuar en contra de los principios democráticos. Mientras que Dubón alegaba que las acusaciones son represalias por su papel en la derogación de las controvertidas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Blanco Luque y Díaz ofrecen narrativas diferentes, aunque igualmente vehementes.

La Lista Engel, llamada así en honor al congresista Eliot Engel, nació con la intención de exponer y sancionar a los corruptos y antidemocráticos del Triángulo Norte de Centroamérica. Desde su creación, se ha convertido en un instrumento de política exterior que, aunque efectivo para algunos, ha generado críticas sobre su unilateralidad y falta de pruebas judiciales.

Es un recordatorio de las tensiones históricas entre Washington y sus vecinos del sur, donde las acusaciones de imperialismo nunca están demasiado lejos.

En el caso de Dubón, las acusaciones giran en torno a decisiones judiciales que, según Estados Unidos, favorecieron a intereses políticos y socavaron el Estado de derecho. Su esfuerzo por cambiar a conveniencia las normas internas paralizando por varios meses al pleno de la CSJ, cuando no se respetó el orden de presidencia de la sala constitucional, su conexión con su esposo Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia, actual asesor presidencial y figura también controvertida, añade un matiz político a las imputaciones.

Dubón ha insistido en que su inclusión en la lista es una forma de castigarla por proteger la soberanía hondureña al declarar inconstitucionales las ZEDE. Su narrativa, que mezcla un llamado al nacionalismo y la denuncia de injerencias extranjeras, ha encontrado eco en ciertos sectores de la opinión pública, principalmente en el oficialismo.

Lourdes Pamela Blanco Luque, por su parte, representa un caso de cómo las redes de influencia pueden ser tan sutiles como poderosas. Como abogada y esposa del ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Blanco ha estado vinculada a casos de presión a funcionarios y uso indebido de sus conexiones para obtener favores específicos. Su trabajo como representante legal de Lenir Pérez, un empresario cuya operación minera en Guapinol ha sido condenada por organizaciones de derechos humanos, refuerza la narrativa de que ha utilizado su posición para beneficiar intereses cuestionables.

En el caso de Ebal Díaz, la historia toma un giro aún más peculiar. Refugiado en Nicaragua, Díaz ha utilizado su exilio para denunciar lo que él llama “persecución política”.

Las acusaciones en su contra incluyen la malversación de fondos destinados a la construcción de viviendas para damnificados de los huracanes Eta e Iota. Sin embargo, Díaz insiste en que abandonó su cargo antes de que esos fondos fueran ejecutados y que todo es producto de una campaña de desprestigio liderada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y actores políticos del partido demócrata estadounidense.

El gobierno de Honduras, encabezado por Xiomara Castro, ha rechazado categóricamente la Lista Engel. El canciller Eduardo Enrique Reina la calificó como un instrumento unilateral y subjetivo que carece de legitimidad. Esta postura refleja las tensiones crecientes entre Tegucigalpa y Washington, donde las denuncias de injerencia extranjera chocan con la insistencia de Estados Unidos en la necesidad de combatir la corrupción en la región. Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, defendió la lista como una herramienta objetiva basada en pruebas, aunque estas no hayan sido siempre presentadas públicamente.

La historia de la Lista Engel y los casos como los de Dubón, Blanco y Díaz exponen las complejidades de la lucha contra la corrupción en Centroamérica. Mientras algunos ven en ella un paso necesario hacia la rendición de cuentas, otros la consideran una herramienta de presión política que, lejos de resolver los problemas de fondo, perpetúa las divisiones y la desconfianza entre los gobiernos de la región y Estados Unidos.

En última instancia, la inclusión en la Lista Engel es tanto una condena como un acto de narrativa. Para Dubón, es la historia de una jueza que insiste en su inocencia y denuncia una conspiración internacional. Para Blanco, es un recordatorio de cómo las redes de poder pueden enredarse en controversias públicas. Y para Díaz, refugiado en Nicaragua, es una prueba más de que la política regional sigue siendo un juego de estrategias, alianzas y acusaciones cruzadas.

El impacto de esta lista, como todo lo relacionado con la política, dependerá de quién cuente la historia.