Un informe entregado al juez Alexandre de Moraes detalla que uno de los cuerpos tenía impactos de bala a corta distancia y otro fue hallado decapitado, lo que refuerza las sospechas de ejecuciones extrajudiciales.

Río de Janeiro, Brasil.- La Fiscalía General informó este miércoles que al menos dos de los 121 fallecidos durante la operación policial del 28 de octubre en las favelas de Penha y Alemão presentaban “lesiones atípicas” incompatibles con enfrentamientos armados convencionales. Según el reporte remitido al magistrado Alexandre de Moraes, uno de los cuerpos tenía impactos de bala a corta distancia y otro fue encontrado decapitado por un objeto cortante.

El documento, parte de un informe parcial del Ministerio Público de Río de Janeiro, forma parte de la investigación sobre la que ya se considera la operación policial más letal en la historia reciente de Brasil. El operativo, denominado “Operación Contención”, buscaba capturar a cabecillas del Comando Vermelho, la mayor organización criminal del país, y dejó además cuatro policías muertos.

Las autopsias revelaron que la mayoría de los fallecidos —hombres jóvenes entre 20 y 30 años— presentaban heridas de fusil concentradas en el tórax, abdomen y espalda, mientras que varios vestían ropa camuflada, botas tácticas y chalecos con cargadores de munición. En algunos cuerpos se hallaron teléfonos, municiones y pequeñas dosis de marihuana prensada.

El informe también señala que varias de las víctimas tenían tatuajes con símbolos de facciones criminales o alusiones al exterminio de policías, aunque los fiscales advirtieron que esos elementos “no exoneran a las autoridades de esclarecer el contexto de las muertes”, especialmente en los casos con signos fuera del patrón habitual.

La siguiente fase de la investigación se centrará en el análisis de las cámaras corporales de los agentes y en la reconstrucción de los hechos en los lugares donde se produjeron los supuestos tiroteos. Organismos de derechos humanos ya habían denunciado posibles ejecuciones extrajudiciales durante el operativo, que provocó manifestaciones en Río y otras ciudades.

Ante la controversia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció la gravedad de los hechos: “No había una orden judicial de matanza, y hubo matanza”, declaró en respuesta a las críticas sobre el uso desproporcionado de la fuerza.

De los 117 civiles identificados hasta ahora, la Policía Civil asegura que 115 tenían “vínculos comprobados” con el Comando Vermelho, 97 contaban con antecedentes criminales y 59 estaban bajo órdenes de captura. Sin embargo, los fiscales sostienen que la magnitud de la letalidad y las irregularidades detectadas obligan a determinar si existieron abusos o ejecuciones durante la acción.