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Tegucigalpa. Los diputados del Congreso Nacional (CN) gozan de un privilegiado seguro médico que les garantiza, incluso, el cuidado de su dentadura, y por el cual se han pagado del erario 171.2 millones de lempiras en 10 años. Se trata de un beneficio al que pocos tienen acceso en Honduras debido a su alto costo.

De 2015 a 2025, el Legislativo ha firmado o renovado contratos colectivos de vida, médico hospitalario y plan dental para los diputados y funcionarios de ese poder del Estado, de acuerdo con los documentos de suscripción de pólizas o pagos por dichos servicios publicados en el Portal de Transparencia.

De este beneficio obtienen provecho 128 diputados propietarios y otros 128 suplentes, así como otra cantidad de funcionarios, cuya cifra se desconoce porque los contratos no la precisan.

Los abonos de los seguros entre 2015 y enero de 2022 abarcaron los dos períodos en que el nacionalista Mauricio Oliva presidió el Congreso Nacional. Su sucesor, Luis Redondo, del partido Libertad y Refundación, continuó con este esquema desde que asumió el cargo en 2022, a pesar de que, cuando era opositor, condenaba este tipo de privilegios para los parlamentarios.

ICN Investiga pudo encontrar en el sitio web dos contratos y 50 pagos por concepto de primas y gastos de seguro efectuados en ese período a una aseguradora, los que, al sumarlos, representan un valor de 171,199,699.69 lempiras.

Falta de transparencia

La búsqueda se realizó debido a que el Congreso Nacional denegó las solicitudes de información sobre las transferencias y los convenios sanitarios.

Encontrar la suma total pagada fue un ejercicio similar al armado de un rompecabezas contable, en el que las piezas eran registros dispersos en diversas categorías de información en el portal, el cual no tiene registros de pagos anteriores a 2015.

Los pagos

El 19 de diciembre de 2014, Oliva firmó con una proveedora de pólizas el Contrato de Seguro de Vida, Médico Hospitalario y Plan Dental para los diputados y funcionarios del Congreso Nacional de Honduras, por un valor de 18,113,888.69 lempiras.

Este convenio, que no detalla de forma específica en qué consistió cada una de las coberturas, tuvo vigencia de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, y su cobertura fue nacional e internacional.

Para obtener la información de los pagos de los años posteriores a 2015, ICN Investigaciones revisó en el portal de transparencia los reportes de las erogaciones correspondientes al objeto de gasto 354, relativo al pago de primas y seguros.

Es así que se pudo verificar que en 2016 se desembolsaron 18.9 millones de lempiras, mientras que en 2017 la cifra aumentó a 20.1 millones.

Mientras que 2018, el gasto alcanzó los 20.1 millones de lempiras, destacando un abono en septiembre por más de 6.4 millones. Al año siguiente, en 2019, el Congreso destinó 17.5 millones de lempiras al seguro.

Diputados «desprotegidos»

Durante 2020, en plena pandemia del covid-19, el Congreso Nacional desembolsó 15.8 millones de lempiras por este seguro.

En 2021, el gasto se redujo a 13 millones de lempiras. El contrato correspondiente a ese año, el segundo hallado en la búsqueda en el portal de transparencia y también firmado por Mauricio Oliva, tuvo vigencia del 1 de enero de 2021 al 26 de enero de 2022, fecha en que finalizó su período legislativo del cuatrienio 2018-2022.

En este documento se argumenta que el seguro se suscribe “con el propósito de no dejar desprotegidos a los honorables diputados y funcionarios del Congreso Nacional de la República de Honduras”, porque estos, que ganan más de 90 mil lempiras mensuales, no están afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Redondo continuó pagando

A partir de 2022, cuando Luis Redondo asumió la presidencia del Congreso, se observa un descenso significativo en las transferencias, pues ese año se erogaron 8.2 millones de lempiras.

Sin embargo, en 2023 el monto volvió a subir hasta los 22.9 millones, siendo el año con mayor gasto desde 2015.

Para 2024, los pagos ascendieron a 15 millones de lempiras, y en enero de 2025 se transfirieron 2.1 millones, lo que indica que el esquema de seguro continúa activo.

En ninguno de los pagos realizados durante la gestión de Luis Redondo (2022, 2023, 2024 y hasta enero de 2025) existe un contrato publicado sobre esos servicios.

¿Lo usan?

Según el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, él recibe esta póliza desde 2010, el primer año en que comenzó su función como parlamentario, lo que implica que el monto total pagado en seguros sería superior a los 171.1 millones.

Zambrano dijo, no obstante, que nunca ha utilizado la póliza de cobertura dental.

En el caso de la diputada del opositor Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, confirmó que solo en una ocasión, recientemente, tuvo que practicarse una cirugía de emergencia y utilizó el seguro, aunque tampoco se ha beneficiado del plan dental.

A su juicio, en lugar de contar con una cobertura privada, los diputados deberían estar afiliados al Seguro Social, ya que representaría un menor gasto para el Estado y garantizaría atención en casos graves.

“Sí, de hecho, yo creo que, obviamente, es más conveniente tener, o sea, ser miembro de, como el resto (de los trabajadores), del tener acceso al Seguro Social, ¿verdad?”, expresó.

Pese a que los contratos analizados solo indican que los beneficiarios son diputados y funcionarios, el también legislador del PSH, Carlos Umaña, aseguró que el plan de asistencia también abarca a familiares de los parlamentarios.

“Lo que le puedo decir es que el Congreso Nacional suscribe una póliza con una empresa comercial, y los que tienen el seguro médico son los diputados y sus dependientes. Eso va incluido en la póliza; todos los seguros lo hacen, incluirle sus cónyuges y sus hijos”, expresó.

«Los diputados tienen seguro médico ininterrumpido», remarcó.

Con el presupuesto erogado para cuidar la salud de los legisladores, el Estado pudo adquirir al menos unas 100 ambulancias tipo 2 (furgonetas modificadas) o 47 centros de estabilización de emergencia, entre otros bienes.

Un privilegio

Otras instituciones del Estado también suscriben contratos para sus empleados que abarcan atención médica e indemnización en caso de muerte, pero no un plan dental, constató ICN Digital, por lo que esta prestación es exclusiva para diputados.

El sistema sanitario público, que incluye al Seguro Social, ofrece una cobertura limitada de salud dental, centrada en la extracción de piezas con caries o campañas de prevención mediante la entrega de flúor.

Esto implica, por ejemplo, que otras atenciones, como la restauración de piezas (popularmente conocida como «tapado»), que pueden costar entre 1,500 y 2,000 lempiras por diente, están fuera del esquema. Un problema que no enfrentan los diputados gracias a su privilegiado seguro.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) cuestionó los privilegios en el acceso a servicios de salud que mantiene la clase política hondureña, en contraste con las limitaciones que enfrenta la mayoría de la población.

Blanca Munguía, experta en salud de la ASJ, señaló que mientras el 21% de los hondureños no recibe medicamentos o los obtiene de forma incompleta en los centros de salud pública, los diputados continúan gozando de atenciones médicas especiales pagadas con fondos del Estado.

“Estos privilegios se sostienen con los impuestos del pueblo, a pesar de que muchos de estos funcionarios prometieron en campaña mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres”, advirtió.

Como parte de su propuesta, la ASJ recomendó la cancelación de estos beneficios y que cada diputado cubra personalmente sus gastos médicos. “El presupuesto que hoy se destina a cubrir estos privilegios debería utilizarse para atender las 7,702 cirugías pendientes en los hospitales públicos”, afirmó.

El desprotegido paga al protegido

Según el Programa Nacional de Salud Bucal de la Secretaría de Salud, el 75 % de la población que acude a centros de salud por problemas dentales son niños.

La información sobre la prevalencia de caries recurrente o secundaria en Honduras es escasa, pero un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, en 2018, estableció que el 97 % de la población tiene algún tipo de lesión dental.

Este dato se encuentra citado en la tesis “Prevalencia de caries secundarias en los pacientes que asistieron a la clínica odontológica de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales de Honduras” de la Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera de Cirugía Dental de la Universidad Tecnológica Centroamericana, publicada en enero de 2024.

El documento indica que los grupos socioeconómicos más necesitados son los que suelen presentar mayor incidencia de caries y, en consecuencia, menor capacidad económica para costearse un tratamiento.

Si una persona que gana salario mínimo, unos 14 mil lempiras, quisiera adquirir una póliza como la que gozan los diputados, tendría que destinar un 10 % de sus ingresos. En cambio, esa misma cobertura, pagada con fondos públicos, equivale solo al 1.56 % de la remuneración de un parlamentario.

Aquí, la paradoja es que quien está menos protegido económicamente termina aportando, con sus tributos, parte del exclusivo seguro de quien está más protegido a nivel salarial.

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