Tegucigalpa. A pesar de que el Ministerio Público devolvió más de 421 millones de lempiras a Koriun Inversiones —investigada por supuesta estafa piramidal— con el compromiso de reembolsar el dinero a los aportantes, la empresa no ha cumplido con entregar el capital a todos los inversionistas como había prometido.

La firma, señalada por operar un esquema de captación ilegal similar a un sistema piramidal Ponzi, cambió a última hora las condiciones para la devolución.

Aunque inicialmente aseguró que los inversionistas podrían retirar su capital junto con los intereses a partir de este jueves, la medida fue restringida únicamente a quienes cobraban intereses ese mismo día.

En Choloma, Cortés, sede principal de la compañía, donde desde la madrugada se formaron largas filas de afectados, el gerente Iván Velásquez dijo que la empresa no puede reembolsar todo el dinero porque, supuestamente, seis cuentas continúan congeladas.

“Todo depende de los bancos ahora. Recuerden que Koriun nunca les había quedado mal, hasta hoy. El banco les tiene el dinero a ustedes ahora”, dijo Velásquez a varios inversionistas en su oficina en Choloma.

De acuerdo con Velásquez, solo con los fondos de una de las cuentas que asegura siguen congeladas se podría cancelar el capital de los aportantes.

Sin embargo, el vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, afirmó el miércoles que el dinero incautado la semana pasada en las oficinas de Koriun, en cinco ciudades donde opera, ya fue devuelto.

Esto implica que se regresaron 358 millones de lempiras en efectivo que fueron encontrados en sus sedes, y otros 63 millones que estaban en una cuenta. La Fiscalía nunca ha mencionado la existencia de seis cuentas embargadas.

El dinero depositado en la cuenta bancaria que fue asegurada representa menos del 6 % del total incautado, por lo que no ajustaría para regresar el capital a todos los depositantes.

Tanto Koriun como la Fiscalía no han revelado cuánto es el monto total en capital que se debe devolver a los inversionistas.

Koriun fue intervenida el 23 de abril, tras una denuncia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que advirtió sobre su captación irregular de fondos sin autorización ni registro legal.

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