Jari Dixon presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra los diputados que aprobaron y promovieron las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). En su declaración, Dixon alega que los legisladores cometieron el delito de traición a la patria al respaldar el decreto 236-2012, que modificó artículos pétreos de la Constitución, acción que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional.
El Consejo Nacional Anticorrupción advirtió en su informe «Los pecados capitales de las ZEDE«. que la Comisión de Dictamen, al dar su visto bueno al anteproyecto, facilitó la creación de una ley perjudicial para el país. Explica que la “Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico”, aprobada en 2013, se basa en promesas engañosas de desarrollo económico. “Este nuevo paso dado por los legisladores, propició -lamentablemente- el allanamiento del camino, para procrear conceptos falaces que bajo la justificación de necesidades y promesas de implementar planes de acción conducentes al supuesto desarrollo económico, concibieron la perniciosa ‘Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)’, lo cual supuso el preludio de lo que años después se materializó”.
Resultado de ZEDE
Durante más de una década, OSC se opusieron a la instalación de ZEDE; la principal causa fue el desplazamiento forzado para las comunidades.
Dixon sostiene que los proyectos relacionados con las ZEDE favorecieron más a intereses extranjeros que al desarrollo real de la economía hondureña. Critica a los “padres de la patria” por haber dado la espalda a la población. La denuncia se inscribe en un contexto donde el delito de traición a la patria, según la legislación penal hondureña, puede acarrear penas de 15 a 20 años de prisión y una inhabilitación de 40 años.
La oposición política ha calificado esta denuncia como una “cacería de brujas”, argumentando que las acciones del gobierno buscan desmantelar a sus adversarios. Sin embargo, el analista Fernando García defiende que se trata de una persecución legítima de un delito. García asegura que la política no debe interferir en la justicia y que cualquier acto ilegal debe ser castigado, independientemente de la afiliación política de los implicados.
La aprobación del dictamen fue un paso fundamental para instalar la ZEDE: CNA
La denuncia de Dixon marca un hito en el debate sobre las ZEDE, intensificando las divisiones entre el gobierno y la oposición, así como cuestionando el legado de los legisladores que apoyaron este controvertido proyecto.
Fernando