Las denuncias contra el fiscal y las magistradas involucradas en el caso de los ambientalistas de Guapinol permanecieron engavetadas durante tres años. El fiscal general Jhoel Zelaya y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Raquel Obando, anunciaron una investigación imparcial sobre la actuación del fiscal y las magistradas de la sala de apelación de La Ceiba: Vianey Cruz Recarte, Dilia Irasema Guillén Sánchez, Roxana Ninoska Calix Zúñiga e Ilas Lizeth Amador Rivera. Esta decisión llegó tras revelarse que las magistradas decidieron retomar el proceso legal contra cinco de los ocho miembros del Comité de Bienes Comunes de Guapinol. Entre ellos, se encuentra Juan López, quien falleció de manera violenta. Los acusados enfrentan cargos de secuestro e incendio agravado, relacionados con una manifestación contra la empresa Pinares, donde un ambientalista resultó herido.

Kenia Oliva, apoderada legal del Comité, criticó la tardanza. Las denuncias sobre las actuaciones de las magistradas y el fiscal se presentaron en febrero de 2021 y enero de 2022, alegando que estas habían vinculado temas personales con el proceso legal. En uno de los expedientes se documentan comentarios personales durante el juicio, lo que genera preocupación sobre la imparcialidad. Oliva también cuestiona la falta de aceptación de la caución a favor de los ambientalistas, lo cual contradice el Artículo 93 de la Constitución, que establece que ninguna persona puede ser encarcelada si presenta caución suficiente.

«Aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente de conformidad con la Ley»

art 93 de la constitución de honduras

El abogado penalista Jaime Rodríguez urgió a la presidenta de la Corte y al fiscal general a mantener la seriedad del proceso y evitar su politización. Rodríguez destacó que existe un procedimiento para investigar tanto a un juez como a un fiscal, y que la comunicación debería realizarse a través de los canales adecuados.

De los cinco nombrados en la resolución, Juan López murió de manera violenta, tres recibieron protección mediante asilo tras amenazas y atentados, y Carlos Lonel Goerge George continúa su lucha ambiental como regidor en Tocoa. La situación resalta la necesidad de una investigación clara y efectiva que respete los derechos de los involucrados.