ASJ: Solo el 3% de denuncias por extorsión resultan en condena
by Fernando Guillen |
Tegucigalpa.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló este jueves que, hasta mayo del presente año, solo un 3% de las denuncias por extorsión presentadas por ciudadanos resultaron en sentencias condenatorias para los implicados.
Esta información se encuentra en el Monitor de Impacto de la Extorsión en Honduras, una herramienta creada por ASJ para realizar un seguimiento continuo del desempeño del sistema de justicia penal en la lucha contra la extorsión.
Estadísticas
El monitor indica que, desde diciembre de 2022, cuando se instauró el estado de excepción para intensificar la lucha contra la extorsión, han pasado 596 días. Sin embargo, aproximadamente 283,952 hogares han reportado ser víctimas de extorsión, según una encuesta de ASJ realizada en 2023.
Entre enero y mayo, se registraron 891 denuncias ante la Policía Nacional, pero solo se produjeron 484 detenciones y 27 casos han culminado en condenas en los tribunales.
La herramienta digital muestra un Índice de Impunidad del 99% en relación con la extorsión, tomando en cuenta el número estimado de hogares afectados y el número de sentencias condenatorias reportadas por el Poder Judicial.
.Si se consideran únicamente los datos oficiales del sistema de justicia penal, el Índice de Impunidad es del 97%, un porcentaje que coincide con la percepción ciudadana.
ASJ, desde la sociedad civil organizada, continúa monitoreando las estrategias de seguridad y justicia para combatir la extorsión, con el fin de asegurar que estas se apliquen de acuerdo con la ley y sin recurrir a modelos de seguridad que restrinjan los derechos humanos y las garantías constitucionales de los ciudadanos, como el estado de excepción.
ASJ recomienda a la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instancias relacionadas con la seguridad nacional, que mejoren e implementen estrategias efectivas para combatir la extorsión de manera integral.
Esto debería incluir la colaboración con los sectores afectados, fiscales, jueces, el sector financiero y la sociedad civil.