Perú.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta acusaciones graves según un informe reciente de Amnistía Internacional (AI), que sugiere que podría tener responsabilidad penal por las muertes de manifestantes durante las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023. Según el informe, Boluarte podría haber cambiado de táctica para evitar más víctimas, pero no lo hizo efectivamente.

Madeleine Penman, investigadora para América del Sur de AI Américas, destacó que «Dina Boluarte sabía lo que estaba pasando y no hacer suficiente para parar más muertes podría conllevar responsabilidades penales individuales».

El informe indica que Boluarte se reunió varias veces con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía durante los tres meses de protestas, lo que, según AI, le ofreció oportunidades para condenar el uso ilegítimo de la fuerza y cambiar las tácticas empleadas en el terreno.

AI sostiene que las decisiones y omisiones de Boluarte durante este período podrían considerarla autora mediata de graves violaciones de derechos humanos.

Informe IA

Según el análisis jurídico de AI basado en precedentes de la Corte Suprema de Perú y el derecho penal del país, se cumplen los requisitos que podrían confirmar esta autoría mediata.

El informe de AI también destaca las numerosas reuniones de Boluarte con los jefes militares y policiales en diciembre de 2022, a pesar de sus declaraciones juradas ante la Fiscalía negando tales contactos. Además, se señala que en las reuniones del Consejo de Ministros presididas por Boluarte, no se tomó la oportunidad para pedir cambios en las tácticas de seguridad, y se hizo un énfasis continuo en la protección de la propiedad sobre la atención a las víctimas.

Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, subrayó que el objetivo del informe es buscar verdad, justicia y reparación para las víctimas. AI espera que el Ministerio Público investigue a los altos mandos responsables de las muertes y lesiones durante las protestas, basándose en las evidencias recopiladas a través de más de un centenar de entrevistas con diversos actores involucrados en los eventos.

En resumen, el informe de AI plantea serias acusaciones contra la presidenta Boluarte y busca llamar la atención sobre la necesidad de rendición de cuentas y acciones para evitar la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos en Perú.