Solo uno de los decretos aprobados para suspender garantías constitucionales cumplió en tiempo y forma con el proceso legal. Ahora, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advierte sobre las consecuencias en el proceso penal que estas acciones tendrán.

Según el director de Seguridad y Justicia de la ASJ, Nelson Castañeda, nada impide que durante el proceso, las 32,000 personas detenidas y aquellos que estén en procesos judiciales apelen a la ilegalidad del Estado de excepción para salir en libertad si la policía realizó la captura o allanamiento amparados bajo este decreto ejecutivo.

Castañeda: «Desde ASJ hemos advertido sobre este riesgo, porque para medir la efectividad de una medida en materia de seguridad se necesita seguir todo el proceso, no solo las capturas , sino cuántas están en un proceso judicial, cuántas tienen sentencia»

Hasta la fecha, la Secretaría de Seguridad ha ejecutado, amparada en el estado de Excepción, 10,300 órdenes de captura, 32,000 detenciones, 27 allanamientos y decomisado 4,800 vehículos. Sin embargo, el primer PCM emitido el 3 de diciembre de 2022 se publicó en La Gaceta el 6 de diciembre del mismo año y ratificado 236 días después. «¿Qué pasa en ese tiempo si el proceso legal me indica que para la vigencia debo tener la ratificación? ¿Qué pasó con esas detenciones?» se pregunta Castañeda.

#OperaciónCabañas 👮🚔

➡️En el marco del Plan Solución Contra el Crimen fase lll, se lleva acabo la Operación Cabañas lX a nivel nacional. La @PoliciaHonduras y la @dpi_honduras han realizado más de 50 allanamientos dejando resultados importantes hasta el momento. pic.twitter.com/aBCmfT4ITx

— Secretaría de Seguridad Honduras (@SSEGURIDADHN) June 20, 2024

Para Castañeda, no hay diferencia entre la política del expresidente Ricardo Maduro y su «Mano Dura» contra el crimen y el “Plan de Solución Contra el Crimen” de Xiomara Castro. Ambos están enfocados en paliativos que no pretenden una solución real a largo plazo, sino acciones que tienen más implicaciones mediáticas que técnicas. «diseñan los planes para una efectividad a corto plazo y no contemplan elementos como prevención y reinserción que son básicos para tener resultados más duraderos a largo plazo», afirmó.

El único aspecto que se ha cumplido a cabalidad es el aumento de presupuesto a la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, el Poder Judicial mantiene el mismo presupuesto de los últimos cinco años, 3,897.4 millones de lempiras para 2024, lo que no garantiza la capacidad operativa. Expertos señalan un cuello de botella entre el elevado número de capturas y la baja capacidad de procesos judiciales.

Maduro y Castro atacaron el efecto no la causa:

Ricardo Maduro implementó el plan de seguridad «Cero Tolerancia» durante su presidencia, caracterizado por una política de «mano dura» contra el crimen. Este plan, al igual que el actual de Xiomara Castro, se centró en acciones inmediatas y mediáticas, sin abordar las causas profundas del crimen ni ofrecer soluciones sostenibles a largo plazo.

Xiomara Castro ha promovido el “Plan de Solución Contra el Crimen”, que ha resultado en numerosas detenciones y allanamientos bajo el estado de excepción. No obstante, este enfoque es criticado por su falta de cumplimiento con los procesos legales y la insuficiente capacidad del sistema judicial para manejar el volumen de casos, lo que llevaría a la liberación de criminales debido a tecnicismos legales.