Tegucigalpa. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó al Congreso Nacional proporcionar el listado de diputados propietarios y suplentes que en diciembre de 2022 recibieron 100 mil lempiras para transferirlo en ayudas sociales y que fue conocido como «bono navideño».

La disposición fue emitida mediante la resolución SO-421-2024, del 17 de octubre de 2024, que fue pronunciada como respuesta a un recurso de revisión que un peticionario interpuso luego de que el Poder Legislativo denegara una solicitud de información hecha para conocer los destinatarios de esos recursos.

En la petición de información, hecha en 2022, se requería el “listado de diputados propietarios y suplentes que recibieron bono o transferencia de 100 mil lempiras o más, entregado en diciembre, así como el listado de quienes lo recibieron y posteriormente lo devolvieron”.

El Congreso Nacional respondió que la información solicitada estaba “publicada en medios digitales”, pero esta respuesta fue considerada insuficiente por el solicitante, quien alegó que la información no era clara ni accesible.

Por consiguiente, interpuso ante el IAIP el recurso de revisión, mecanismos empleados para exigir que una institución obligada entregue la información pedida.

Tras dos años de mantener el expediente en archivo, el pleno del Instituto resolvió el recurso, el que “ordena al Congreso Nacional proporcionar la información solicitada de manera clara y accesible, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

Y advirtió que “en caso de no cumplir con lo ordenado, se impondrán las sanciones administrativas correspondientes, conforme a lo establecido en la Ley”.

“Bono navideño”

Varios medios de comunicación revelaron a mediados de diciembre de 2022 que el Legislativo entregaría 100 mil lempiras en concepto de un“bono navideño” al diputado que lo solicitara, pero los reportes no establecían con qué fin.

A los días, presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, salió al paso de estas informaciones y negó que estuvieran haciendo transferencias para diputados, sino que se trataba de dinero que estos recibirían para ejecutar obras en sus lugares de origen.

«Nes ningún tipo de bono, aquí la cosa no es dar dinero para que se lo gasten en lo que quieran, son cosas que ellos tienen que reportar y ustedes lo van a poder ver a través de la página del Congreso Nacional”, dijo Redondo, según cita una noticia publicada el 19 de diciembre en Proceso Digital.

Varios diputados de la oposición dijeron en su momento de que algunos compañeros de bancada que habían recibido los fondos estaban dispuestos a regresarlos, porque se especulaba que se los dieron a cambio de aprobar el Presupuesto de 2023.

El Portal de Transparencia del Congreso da cuenta en su ejecución presupuestaria de diciembre de 2022 que se erogaron 16 millones de lempiras en ayudas sociales y 2 millones en transferencias a asociaciones sin fines de lucro, pero no se detallan quienes son los beneficiarios.

Previo a este traslado de recursos, entre enero y noviembre de 2022, primer año del Congreso actual, solo giraron unos 40 mil lempiras mensuales en concepto de asistencias de ese tipo.

Redondo aseguró, al inicio de su gestión en la presidencia del Legislativo, que en su gestión no se usaría dinero de ese poder para asistencias sociales canalizadas por medio de diputados.

Fue una promesa que estaba en consonancia con el cuestionamiento que hizo cuando fue parlamentario en dos periodos anteriores. Fue diputado por el Partido Anticorrupción (PAC) durante el período 2014-2018 y posteriormente por el Partido Salvador de Honduras (PSH) en el período 2018-2022.

Incluso, en agosto de 2023 se derogó el decreto 116-2019, que contenía la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, que fue usado para que los diputados recibieran recursos y lo destinaran a satisfacer demandas de sus comunidades.

Esta ley era considerada una versión del Fondo de Desarrollo Departamental, que fue creado en 2006, en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, hoy asesor presidencial del gobierno de Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre).

Redondo, que esta semana fue juramentado como militante de Libre, argumentaba que esas asistencias servían para hacer proselitismo, además de calificarlas como una herramienta de la corrupción por los diversos casos de desvío de fondos cometidos por diputados.

Pero cambió su discurso: hoy defiende dichas transferencias, que entre enero de 2022 y agosto de 2024 ascienden a 414.8 millones de lempiras, y se ha negado a rendir cuentas.

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