El crimen organizado enfrenta un nuevo ciclo de transformación global, definido por lo que el informe «The Fifth Wave: Organized Crime in 2040» describe como la quinta ola.

Este fenómeno, impulsado por la convergencia de tendencias globales como el cambio climático, la competencia geopolítica, las tecnologías disruptivas y una creciente crisis de gobernanza, plantea retos de gran magnitud para países como Honduras.

Con una historia de debilidad institucional, corrupción endémica y pobreza, Honduras se encuentra en una posición particularmente vulnerable ante esta nueva ola de criminalidad que se perfila como más sofisticada, expansiva y letal que sus predecesoras.

Honduras ha sido durante décadas un punto estratégico en el tráfico internacional de drogas, un problema que marcó su entrada en las olas previas del crimen organizado.

La ubicación geográfica del país, combinada con instituciones débiles y altos niveles de desigualdad, lo convirtió en una pieza clave del narcotráfico hacia Estados Unidos.

A esto se suma el impacto de la globalización, que facilitó la expansión de redes transnacionales involucradas en tráfico de personas, armas y recursos naturales. La cuarta ola, centrada en el cibercrimen, también ha comenzado a emerger en el país, aunque aún de manera incipiente.

La quinta ola amplifica estas amenazas, añadiendo nuevas complejidades al panorama delictivo. El cambio climático, por ejemplo, representa uno de los mayores desafíos. Honduras ya sufre los efectos de sequías, tormentas y la pérdida de tierras cultivables, lo que genera inseguridad alimentaria y desplazamientos forzados.

Según el informe, estas condiciones crearán mercados de escasez que las redes criminales explotarán para controlar recursos esenciales como el agua y los alimentos.

Este escenario no solo incrementará la violencia, sino que consolidará aún más la influencia de estas redes en comunidades marginadas.

La tecnología también se perfila como un arma poderosa para las organizaciones criminales. La inteligencia artificial, los sistemas autónomos y los ataques cibernéticos están siendo utilizados para diversificar y sofisticar actividades ilícitas.

En un país con infraestructura tecnológica limitada y una escasa inversión en ciberseguridad, como Honduras, estas herramientas representan un desafío enorme.

Los drones podrían usarse para transportar drogas a través de fronteras, mientras que los sistemas de inteligencia artificial podrían facilitar fraudes financieros a gran escala. Esto posiciona al país como un blanco fácil para redes internacionales de cibercrimen.

A todo esto se suma la profunda crisis de gobernanza en Honduras. Las instituciones públicas, permeadas por la corrupción, han permitido la infiltración de redes delictivas en diversos niveles del aparato estatal.

El informe identifica a Honduras como un país con altos niveles de criminalidad estatal, una condición que dificulta implementar estrategias efectivas contra el crimen organizado.

(*) En muchas comunidades, estas organizaciones han asumido roles de gobierno, proporcionando servicios básicos y «protección» a una ciudadanía que ha perdido la confianza en el estado.

Frente a este escenario, el informe plantea la urgente necesidad de un enfoque integral y transformador para enfrentar estos retos. Honduras debe priorizar el fortalecimiento de sus instituciones para combatir la corrupción y garantizar la transparencia.

Esto implica reformas profundas en el sistema judicial y en las fuerzas de seguridad, junto con un compromiso claro de los actores políticos. Además, la resiliencia climática es esencial. Inversiones en infraestructura sostenible, sistemas de alerta temprana y programas de apoyo a comunidades afectadas pueden ayudar a mitigar los impactos del cambio climático y reducir las oportunidades para el control criminal.

El desarrollo de capacidades tecnológicas también es clave. Honduras necesita mejorar sus sistemas de ciberseguridad y capacitar a las fuerzas del orden para enfrentar las amenazas emergentes. Asimismo, la cooperación internacional es indispensable. La lucha contra el crimen organizado requiere alianzas regionales sólidas que permitan el intercambio de información y la coordinación de estrategias conjuntas.

Paralelamente, es crucial empoderar a las comunidades locales a través de programas de desarrollo económico, educación y acceso a servicios básicos, para disminuir su vulnerabilidad ante las redes delictivas.

La quinta ola del crimen organizado podría consolidar al crimen como una fuerza dominante en Honduras si no se toman medidas urgentes.

Sin embargo, el país aún tiene la oportunidad de revertir esta tendencia. Transformar sus instituciones, fortalecer su resiliencia climática y tecnológica, y recuperar la confianza ciudadana no son solo estrategias para enfrentar esta amenaza, sino también una forma de garantizar un futuro más seguro y próspero. El tiempo es crítico, y la inacción no es una opción.

Si Honduras quiere sobrevivir a esta tormenta global, debe prepararse desde ahora con determinación y visión estratégica.

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* The Fifth Wave: Organized Crime in 2040. Página 12. “El Índice de 2023 reveló cómo muchos estados obtienen puntajes altos en esta dimensión de criminalidad, con 112 clasificados con 6 o más en una escala de 10 puntos. Corea del Norte y Siria reciben ambos un «puntaje perfecto» de 10, lo cual es completamente apropiado para dos países en los que la supervivencia del régimen depende de actividades criminales.

Eritrea, Irán y Líbano son los siguientes con una puntuación de 9.50. Aquellos que obtienen un puntaje de 9 incluyen Afganistán, la República Democrática del Congo, Mozambique, Nicaragua, Turquía y Venezuela. Brasil, Chad, Guinea-Bisáu, Honduras, Libia, Myanmar y Rusia se encuentran entre los que tienen una puntuación de 8.50 en términos de crimen organizado incrustado en el estado.

El grupo de 20 estados clasificados con un puntaje de 8 incluye a Egipto, Irak, Paraguay, Filipinas y Serbia, mientras que aquellos con una puntuación de 7.50 incluyen a Indonesia, Malta, Nigeria y Sudáfrica.”