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Era el 5 de julio de 2009. Una muchedumbre de cientos de miles se congregaba en el Aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa, con la esperanza de presenciar un acto que desafiara la narrativa del golpe de Estado que había derrocado a Manuel Zelaya apenas una semana antes. El avión de Zelaya acompañado por otros presidentes y aliados políticos intentó aterrizar en el aeropuerto, pero las Fuerzas Armadas habían dispuesto vehículos pesados en la pista para impedirlo. Mientras el avión daba vueltas y finalmente se retiraba, la frustración entre los presentes aumentó. Al final de la tarde, la multitud intentó ingresar a la pista aérea para «liberarla» y permitir que Zelaya aterrizara. Las Fuerzas Armadas respondieron con disparos y gas lacrimógeno. Aunque escuchamos muchos disparos, algunos hechos con bala viva y vimos que habían atrincherado francotiradores en el perímetro, es importante reconocer que estos no fueron dirigidos directamente a la multitud (quizás se disparó al aire o al suelo, nunca se esclareció) de haber sido hechos a la multitud las víctimas las habríamos contado por decenas. En medio de la confusión, una bala impactó en la parte posterior de la cabeza de Isis Obed Murillo, un joven de 19 años, transformándolo en un símbolo inmortal de la resistencia hondureña.

Casi 16 años después, el nombre de Romeo Vásquez Velásquez, el general que comandaba las Fuerzas Armadas durante aquel golpe, vuelve a ser noticia. Detenido junto a otros altos mandos, enfrenta acusaciones por violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y represión brutal. Este arresto, tardío pero significativo, marca un hito en la historia de Honduras, un país que durante décadas ha oscilado entre la impunidad y la búsqueda de justicia.

En entrevistas previas, Vásquez Velásquez había sostenido que actuó en defensa de la democracia, justificando el golpe como una medida para detener el avance del socialismo del siglo XXI promovido por Zelaya. Negó categóricamente cualquier responsabilidad en la muerte de Isis Obed, atribuyéndola a «armas cortas» de uso civil utilizadas por infiltrados, una explicación que nunca convenció a las familias de las víctimas ni a los defensores de derechos humanos, pero que seguramente volverá a ser usada ahora en su defensa criminal. En 2018, realicé una entrevista con él en su despacho, donde declaró: “Mi honor no será mancillado”, denunciando lo que consideraba una persecución política orquestada por los Zelaya.

Pero los hechos son tenaces. El asesinato de Murillo y la violencia desatada en Toncontín, aquel 5 de julio, no fueron incidentes aislados. Formaban parte de una estrategia de represión sistemática liderada por la policía, que incluyó detenciones arbitrarias, torturas y un estado de sitio que paralizó al país durante semanas. En 2017, realicé una entrevista con la familia Isis Obed, quienes describieron con detalle el dolor de perder a un hijo y la desolación de enfrentarse a un sistema que les negó justicia. Para ellos, la figura de Isis Obed no es solo un símbolo; es un recordatorio constante de que la lucha por la memoria y la verdad está lejos de concluir.

El arresto de Vásquez Velásquez también pone en el foco las fallas y omisiones del Diálogo de Guaymuras y el Acuerdo de Cartagena, dos intentos de reconciliación que priorizaron el retorno de Honduras a la comunidad internacional sobre las demandas de las víctimas. Aunque estos acuerdos fueron boicoteados por ambos bandos de la crisis, facilitaron la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, pero los esfuerzos para investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos quedaron a medio camino. El caso de Isis Obed nunca llegó a un tribunal, la escena del crimen fue contaminada casi inmediatamente por la multitud que rodeo el charco de sangre cantando el himno nacional, la autopsia medico legal desapareció del expediente del Ministerio Público y los responsables materiales e intelectuales siguieron ocupando posiciones de poder.

En este contexto, el reciente arresto es tanto un avance como un recordatorio de las deudas pendientes. La captura de Vásquez Velásquez ocurre en un momento político cargado de simbolismo y tensión. Honduras está gobernada por Xiomara Castro, esposa de Zelaya y la primera presidenta del país, en medio de un discurso polarizado donde la narrativa del golpe sigue dividiendo a la sociedad.

La defensa del general, como era de esperar, ha denunciado una «venganza política». Argumentan que tras más de una década fuera del poder, estas acusaciones buscan desacreditarlo y desviar la atención de los problemas actuales. Esta mañana, el asesor presidencial Enrique Flores Lanza, víctima, según sus palabras, del golpe de Estado y amnistiado al inicio del gobierno de Castro y señalado en la lista Engels del Departamento de Estado de Estados Unidos, junto a su esposa, «por socavar las instituciones democráticas del país», anunció que la fiscalía habría de extender el requerimiento fiscal contra el general Romeo Vázquez, sumando a más víctimas de aquella represión de 2019. Es importante en este contexto reconocer que las instituciones hondureñas han estado siempre marcadas por ciclos de impunidad y falta de independencia, que la búsqueda de la justicia ha sido constantemente retrasada desde el poder, lo que ha hecho que la población de Honduras no crea ya en un sistema judicial que pareciera funcionar a interés de los gobernantes, ya sea para acusar o para ocultar las acusaciones. Lo que nos obliga ahora a preguntar: ¿Es este arresto una señal de justicia o una jugada política del actual gobierno?

Lo que está claro es que el arresto de Vásquez Velásquez no es solo sobre él, sino sobre lo que representa: un golpe de Estado que sigue siendo una herida sangrante en la sociedad. Su captura reabre el debate sobre la relación entre las Fuerzas Armadas y el poder civil, en un contexto donde se acusa a la actual cúpula de haberse plegado al juego político de los Zelaya. La memoria de las víctimas de aquel golpe de Estado y el compromiso con los derechos humanos debe ser nuestro norte, como también un sistema de persecución penal independiente y profesional. Si el sistema judicial hondureño logra procesar este caso con transparencia y rigor, podría sentar un precedente histórico. Nunca en nuestrsa historia se había procesado criminalmente a un ex jefe de las FF.AA. Pero si fracasa y deja la duda de los intereses políticos detrás del caso, el arresto será recordado como un gesto simbólico más en una larga historia de promesas incumplidas y peor aún, del abuso del sistema para fines políticos.

Mientras tanto, las familias de las víctimas, como la de Isis Obed Murillo, siguen esperando. Están optimistas. Esperan justicia, pero también buscan que el sacrificio de sus seres queridos no se pierda en el olvido. Recuerdo ahora las palabras de su madre: «Isis murió por la democracia, pero ¿qué hemos hecho nosotros por ella?». Esa pregunta, cargada de dolor y reflexión, resuena con más fuerza que nunca, no solo en Honduras, sino también en aquellos lugares donde la democracia tambalea, siempre amenazada por el autoritarismo y la indiferencia.