Tegucigalpa.- La presidenta Xiomara Castro anunció la cancelación del tratado de extradición con Estados Unidos, vigente desde enero de 2012. Esta medida fue implementada tras una reforma constitucional que facilitó la entrega de 52 ciudadanos hondureños a EE.UU. por delitos como narcotráfico, criminalidad organizada y terrorismo.
La decisión de Castro sigue a las recientes declaraciones de la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu.
#Nacional 🔴@XiomaraCastroZ denunció "la injerencia y el intervencionismo de Estados Unidos" en la política de Honduras, señalando que sus acciones violaban los principios del derecho internacional y la soberanía del país.
— ICN.Digital (@ICNDigital) August 28, 2024
En consecuencia, ordenó al Canciller @EnriqueReinaHN… pic.twitter.com/7AKwHv80pk
La embajadora expresó su sorpresa y decepción al ver a oficiales hondureños reunidos con narcotraficantes venezolanos, en particular, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, con Vladimir Padrino López, secretario de Defensa de Venezuela, acusado por EE.UU. de narcotráfico. Dogu calificó la reunión como “bastante sorprendente” y “una amenaza directa a nuestra independencia y soberanía”.
Reacciones del Gobierno hondureño
Las declaraciones de Dogu provocaron una ola de críticas en Honduras. El canciller Enrique Reina condenó lo que consideró un “irrespeto e injerencia” por parte de la embajadora estadounidense, mientras que el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, describió sus comentarios como un “ataque hipócrita y cínico”. Zelaya cuestionó la actitud de EE.UU., señalando que las autoridades estadounidenses también mantienen reuniones con narcotraficantes que operan dentro de su territorio.
El ministro asesor en materia de Estrategia y Comunicaciones, Milton Benítez, se refirió a la embajadora como “Dogui”, mientras que el ministro de Planificación, Ricardo Salgado, acusó a la CIA de haber iniciado el tráfico de drogas en Honduras, específicamente mencionando la pista El Aguacate. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, defendió la soberanía de Honduras y recordó que la Encargada de Negocios de EE.UU., Heide Fulton, había avalado el fraude del narcotraficante Juan Orlando Hernández en 2017.
Reforma de extradición
Desde la reforma constitucional en enero de 2012, Honduras ha extraditado a 52 personas a EE.UU., incluidos capos del narcotráfico, operadores y transportistas, así como políticos y exfuncionarios. Aunque no existía una ley específica de extradición, se utilizó un auto acordado aprobado por el entonces presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera Avilés, para facilitar las entregas.
La presidenta Castro ha formalizado la cancelación del tratado de extradición, y el canciller Enrique Reina ha defendido esta decisión como una manifestación de soberanía nacional. Reina enfatizó que la política exterior y las relaciones internacionales del país son competencias exclusivas de la Presidencia, y que la denuncia del tratado responde a una postura digna y soberana del gobierno.
La administración actual sostiene que la reforma constitucional que permitió las extradiciones se realizó durante un periodo de “narcodictadura” y que el cumplimiento del tratado se llevó a cabo de acuerdo con las circunstancias legales y políticas de la época.
Tania