Tegucigalpa. Honduras cerrará 2025 con aproximadamente 2,311 homicidios, una reducción de 289 casos en comparación con los 2,455 registrados en 2024, lo que representa una caída del 11.77 por ciento, según la proyección elaborada con los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).

La disminución también se refleja en la tasa nacional, ya que, con la población utilizada por los propios registros policiales, aproximadamente 10 millones de habitantes, la tasa proyectada para el cierre de 2025 oscilaría en torno a 23 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Este valor se situaría por debajo de la tasa parcial de 24.82 que Honduras registraba en la misma fecha del año anterior y confirma un descenso acumulado coherente con el comportamiento observado durante el año.

Como base de esta proyección, del 1 de enero al 10 de diciembre el país registra 2,166 homicidios, con un promedio diario de 6.30 casos, inferior a los 7.14 reportados en 2024.

Aunque diciembre presenta un repunte moderado, con 6.9 homicidios diarios en sus primeros diez días, la tendencia general anual se mantiene a la baja, con reducciones significativas que compensan los incrementos registrados en algunos meses específicos.

Honduras ha estado bajo estado de excepción de forma intermitente desde diciembre de 2022, cuando el Gobierno lo decretó con el argumento de combatir la extorsión, el sicariato y otras actividades vinculadas al crimen organizado.

El mecanismo, autorizado por decreto ejecutivo y renovado sucesivamente, permite la suspensión parcial de garantías constitucionales como la libre circulación y el derecho de reunión, además de facultar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para realizar detenciones, allanamientos y retenes sin orden judicial en áreas específicas del país.

El estado de excepción ha abarcado inicialmente sectores del Distrito Central y San Pedro Sula, y posteriormente se extendió a decenas de municipios, convirtiéndose en una de las medidas de seguridad más prolongadas en la historia reciente de Honduras.

Su implementación ha generado debate público: el Gobierno sostiene que ha contribuido a disminuir delitos como la extorsión, mientras que organizaciones de derechos humanos han advertido sobre abusos, detenciones arbitrarias y falta de controles judiciales efectivos

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