Getting your Trinity Audio player ready...

Tegucigalpa. Al menos 15 organizaciones que promueven y defienden los derechos de las personas con discapacidad denunciaron hoy ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) que el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro ha dejado sin presupuesto al sector, situación que pone en riesgo la atención de miles de personas con esa condición en el país.

Julio Moncada, representante de la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (Ciarh), explicó que las organizaciones afectadas no han recibido el último desembolso correspondiente al año 2024 por parte del Programa de Acción Solidaria (Proasol).

Esta falta de fondos ha afectado gravemente el funcionamiento de las entidades que brindan servicios de rehabilitación, habilitación, salud, educación inclusiva y empoderamiento a las personas con discapacidad en todo el país.

Según las organizaciones, el monto adeudado por el gobierno asciende a cerca de seis millones de lempiras, lo que agrava aún más la situación de este sector vulnerable. Las organizaciones cuestionan la falta de respuesta y la negligencia administrativa de varios funcionarios de Proasol, quienes no han dado solución a esta deuda.

Las organizaciones también consideran que la decisión tomada por el gobierno de Xiomara Castro es una violación de los derechos de las personas con discapacidad, ya que estos fondos son necesarios para garantizar el buen funcionamiento de los servicios que reciben miles de hondureños en situación de discapacidad.

Moncada recordó que las demandas del sector no son nuevas, sino parte de un derecho adquirido desde 2013, tras años de luchas históricas en las calles y de trabajo constante por la inclusión y la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad en Honduras.

Olvidados por el gobierno

El representante de las organizaciones también lamentó que, a pesar de ser un sector históricamente excluido, las personas con discapacidad siguen siendo ignoradas por el actual gobierno, particularmente por la gestión de la directora ejecutiva de Proasol, Olga Lydia Díaz. Según Moncada, el reclamo de las organizaciones es un recordatorio de la responsabilidad que el gobierno tiene con este sector, y de la necesidad de atender sus demandas.

Persisten las barreras

Con alrededor de 1,250,000 personas con discapacidad en Honduras, según la Encuesta Mundial de Salud, este sector sigue enfrentando grandes barreras para acceder a servicios esenciales como salud, educación, empleo y participación social. Las organizaciones denuncian que las dificultades continúan debido a la falta de voluntad política para resolver estos problemas estructurales.

Ante esta situación, las organizaciones exigen que el gobierno rectifique su decisión y efectúe los pagos correspondientes para garantizar la continuidad de los servicios que brindan a las personas con discapacidad, un sector que sigue esperando una respuesta efectiva para superar las barreras que limitan su inclusión plena en la sociedad hondureña.

Este texto fue elabarado con asistencia de IA

LEA: El 91% de mujeres con discapacidad en Honduras sufre violencia de género, revela investigación