Tegucigalpa. La Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag) tiene la instrucción de imprimir únicamente alrededor de 3,000 ejemplares del libro Golpe 28-J: Conspiración Transnacional, un Crimen en la Impunidad, como parte del contenido de la Cátedra Morazánica en los niveles básico y medio, con un costo aproximado de 150 lempiras por unidad.

“Hasta el jueves (1 de mayo), la orden de impresión que tenía la Enag era de 3 mil aproximadamente”, indicó el comisionado presidencial para la Comunicación Estratégica, Geovanny Domínguez.

El funcionario brindó estos detalles para desmentir reportes de algunos medios que estimaban una tirada de 200,000 libros a un precio unitario de entre 400 y 500 lempiras, lo que habría supuesto un gasto estatal de entre 80 y 100 millones de lempiras.

El libro, en el que su autor, el expresidente Manuel Zelaya, relata su versión sobre los hechos antes, durante y después de su derrocamiento a manos de militares el 28 de junio de 2009, fue incorporado al sistema educativo nacional mediante el decreto ejecutivo 14-2025, publicado en La Gaceta el 24 de marzo.

Aunque la Secretaría de Educación aclaró después que la lectura del libro no será obligatoria, su inclusión como material de la Cátedra Morazánica-una asignatura obligatoria-implica, en teoría, su uso dentro del aula.

Al margen de si es obligatorio leerlo en los salones o no, diversos sectores han criticado que el tiraje de esta obra privada, cuya coautora es la candidata presidencial del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, sea financiado con fondos públicos.

Y es que el decreto también instruye a la Secretaría de Finanzas para que realice las modificaciones presupuestarias necesarias, con el propósito de que la Enag, que pertenece al gobierno, imprima el texto.

La versión que no cuenta “Mel”

Según el expresidente Zelaya, con la impresión de este libro se pretende “preservar la memoria histórica” sobre el golpe de Estado y evitar la repetición de eventos similares en el futuro.

Sin embargo, la obra, que señala únicamente a sectores empresariales y políticos de orquestar su derrocamiento para que no llevara a cabo una consulta popular que él promovía, omite que dicha iniciativa fue declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia y que su insistencia en llevarla a cabo también fue un factor de la crisis institucional que se desató.

Zelaya promovía una “consulta popular no vinculante” que se realizaría el 28 de junio de 2009 con el fin de preguntar al pueblo si estaba de acuerdo con que, en las elecciones generales de ese año, se instalara una cuarta urna para consultar si debía convocarse una Asamblea Nacional Constituyente.

Pero la Corte Suprema de Justicia y el entonces Tribunal Supremo Electoral declararon ilegal dicha consulta, al considerarla un intento encubierto de reformar artículos pétreos de la Constitución, como la prohibición de la reelección presidencial.

La Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 27 de mayo de 2009, ordenó la suspensión de la consulta por considerar que violaba disposiciones constitucionales, ya que pretendía abrir la posibilidad de convocar a una asamblea nacional constituyente sin el procedimiento legal establecido.

El Tribunal Supremo Electoral, mediante acuerdo del 23 de junio de 2009, también declaró que la consulta no tenía validez jurídica y advirtió que se trataba de una competencia que no correspondía al Ejecutivo.

Ambos órganos coincidieron en que el propósito final de la consulta (instalar una cuarta urna en las elecciones de noviembre) era una vía indirecta para reformar artículos pétreos de la Constitución, entre ellos la prohibición de la reelección presidencial establecida en el artículo 239 de la Carta Magna.

A pesar de los fallos judiciales, Zelaya ordenó continuar con la consulta, apoyándose en un decreto ejecutivo y utilizando recursos del Estado para distribuir las urnas.

Por desacatar las prohibiciones, Zelaya fue acusado por el Ministerio Público, y derivado de ese requerimiento se libró una orden de captura en su contra.

Un comando militar tenía la misión de cumplir la aprehensión y presentarlo ante un juez, pero, tras detenerlo en su residencia en Tegucigalpa, lo expulsaron en avión a Costa Rica, violándole así el debido proceso.

El Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Honduras, publicado en 2011, concluyó que todos los actores institucionales involucrados en la crisis política de 2009, es decir el expresidente Zelaya, las Fuerzas Armadas y operadores de justicia, entre otros, incurrieron en violaciones del orden constitucional y del Estado de derecho.

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