En respuesta al plan para construir una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) ha manifestado una crítica profunda y analítica. La organización cuestiona las verdaderas motivaciones detrás del proyecto y ofrece una serie de recomendaciones para resolver los problemas asociados.
La situación actual de Honduras, bajo un estado de excepción desde diciembre de 2022, ha generado dudas sobre la eficacia de esta medida prolongada. El Decreto Ejecutivo PCM 18-2024 revela que persisten las razones originales de la declaración de emergencia, intensificando la preocupación sobre la efectividad real de las medidas implementadas.
Costo de cárcel en Islas del Cisne es insostenible para Honduras
El proceso de adjudicación directa para la construcción de la cárcel ha levantado interrogantes sobre la transparencia y los criterios usados en la asignación de contratos. La magnitud del impacto financiero de construir y mantener estos centros penales requiere una evaluación exhaustiva para garantizar un uso adecuado de los recursos públicos.
La preocupación de FOSDEH también se centra en el riesgo ambiental que supone edificar una cárcel en las Islas del Cisne, un área de alto valor ecológico. La propuesta genera un conflicto entre la seguridad y la preservación de los ecosistemas, lo que demanda una evaluación detallada de los posibles impactos ambientales.
La ausencia de estudios de mitigación y control sobre el impacto ambiental del proyecto representa otro aspecto crítico. La divulgación de estos estudios es crucial para evaluar los efectos potenciales en los ámbitos ambiental, social, político y económico.
FOSDEH sugiere explorar alternativas que aborden las raíces de la violencia y criminalidad en lugar de optar por la construcción de más cárceles. También subraya la necesidad de mayor transparencia en la contratación estatal, promoviendo una gestión pública más abierta y responsable.
FOSDEH hace un llamado a priorizar la justicia, la transparencia, el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente para asegurar que las decisiones beneficien verdaderamente a la sociedad hondureña.