Tegucigalpa.-El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), junto con Cristosal de El Salvador y Acción Ciudadana de Guatemala, bajo la coordinación del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC), presentó el estudio “33 años de Corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica: Acciones que Vienen”. Este análisis, que abarca el periodo 1990-2023, documenta cómo la corrupción ha permeado profundamente en todos los niveles de gobierno en Honduras, Guatemala y El Salvador, afectando sectores estratégicos y consolidando una cultura de permisividad.

Impacto económico: corrupción como lastre al desarrollo

El estudio revela pérdidas económicas alarmantes. En Honduras, siete casos emblemáticos de corrupción suman un desfalco de 3,500 millones de dólares, recursos que podrían haber transformado sectores clave como salud, educación e infraestructura. Este fenómeno se replica en Guatemala y El Salvador, donde el desvío sistemático de fondos públicos ha afectado el bienestar de la ciudadanía.

Narcotráfico y corrupción: una relación peligrosa

El informe también señala la conexión entre el crimen organizado y la corrupción. Redes criminales han infiltrado instituciones públicas y financiado campañas políticas, debilitando la democracia y consolidando el control de sectores ilegales sobre el Estado. Esta dinámica agrava la crisis de confianza en las instituciones gubernamentales y dificulta las reformas estructurales.

Lecciones de las misiones internacionales anticorrupción

La CICIES en El Salvador, la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras marcaron hitos en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, su salida abrupta evidenció la fragilidad institucional de los países y dejó un vacío en la judicialización de casos y el fortalecimiento de capacidades locales.

Recomendaciones para enfrentar la corrupción

El CCINOC propone un enfoque integral con las siguientes acciones:

  • Crear un organismo internacional que combata la corrupción en la región.
  • Establecer sistemas patrimoniales públicos que incluyan a familiares de funcionarios.
  • Proteger las entidades anticorrupción de interferencias políticas.
  • Empoderar a la sociedad civil para exigir transparencia y participar en la toma de decisiones.

Un llamado a la acción conjunta

El estudio insta a los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional a unir esfuerzos para desmantelar la cultura de impunidad. Solo con instituciones fuertes, ciudadanía activa y compromiso internacional será posible construir sistemas de gobernanza que prioricen la justicia y el bienestar colectivo en el Triángulo Norte.