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Tegucigalpa. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público investiga una supuesta sobrevaloración en la construcción de un tramo del Canal Seco y el pago de sobornos a exfuncionarios para que se adjudicara esta obra de 100 kilómetros entre Valle y Comayagua, valorada en 222 millones de dólares.

A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que, como parte de las investigaciones, agentes de la UFERCO y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizaron una inspección en un punto del tramo carretero.

La nota de prensa, publicada en las redes sociales del ente acusador, muestra fotografías de elementos de la ATIC usando cintas métricas para hacer mediciones de la calzada.

Esta diligencia busca obtener información clave sobre los permisos otorgados a la empresa constructora, así como determinar si la obra se ejecutó conforme a las especificaciones acordadas en el contrato y a los valores establecidos en el mercado.

La Fiscalía no precisa quiénes son los funcionarios investigados ni el contratista, pero indica que la adjudicación del proyecto se hizo en 2012 (segundo año del gobierno de Porfirio Lobo) y fue inaugurado en 2022 (último año de mandato de Juan Orlando Hernández), ambos del Partido Nacional.

Los 100.49 kilómetros del proyecto comienzan en la Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua, en la zona central, y terminan en Goascorán, en el sur del país, en el departamento de Valle.

Uno de los financistas del proyecto fue el Banco Centroamericano de Integración Económica, y el administrador de los recursos fue la desaparecida Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).

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