Tegucigalpa. En medio de la crisis postelectoral y tras la emisión de las declaratorias oficiales, el fiscal general de la República, Johel Zelaya, advirtió que el Ministerio Público iniciará acciones judiciales para esclarecer los hechos ocurridos durante el proceso electoral, aunque subrayó que la institución no intervino ni interrumpió ninguna de sus etapas.

La advertencia se produce luego de que el Consejo Nacional Electoral emitiera la declaratoria presidencial el 24 de diciembre, y posteriormente, el 30 de diciembre, proclamara de forma oficial a los diputados al Congreso Nacional y a las autoridades municipales, ambas decisiones adoptadas en un clima de reclamos, denuncias y tensiones políticas por inconsistencias en actas, revisión inconclusa del escrutinio especial y desacuerdos internos en el órgano electoral.

“Una vez emitida la declaratoria oficial, informo que próximamente se acciones judiciales que permitan esclarecer y exponer la verdad sobre los hechos ocurridos durante el proceso electoral “, expresó Zelaya en su cuenta de X

En un pronunciamiento público, el fiscal general aseguró que el Ministerio Público actuó “con responsabilidad constitucional y absoluto respeto al orden democrático”, al tiempo que rechazó señalamientos de injerencia en el proceso electoral.

Zelaya enfatizó que ningún acto que atente contra la voluntad popular y la soberanía quedará en la impunidad, y sostuvo que las acciones anunciadas buscan sentar un precedente para evitar que se repitan prácticas que, a su juicio, lesionan la democracia y el Estado de derecho.

La declaratoria de los resultados fue emitida por el pleno del Consejo Nacional Electoral, integrado en esa sesión por las consejeras propietarias Cossette López y Ana Paola Hall, junto al consejero suplente Carlos Cardona, quien fue convocado para integrar quórum ante la ausencia del consejero propietario Marlon Ochoa. Ochoa se mantuvo al margen de la decisión y había expresado públicamente su oposición a avanzar con la declaratoria sin concluir el escrutinio especial ni despejar todas las inconsistencias señaladas.

El fiscal general no mencionó nombres de posibles acusados, ni individualizó a funcionarios, consejeros o candidatos que pudieran ser objeto de las acciones judiciales anunciadas.

En el caso del nivel presidencial, las denuncias se concentraron en la estrechez del resultado entre el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, y el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, así como en la forma en que se cerró el escrutinio especial pese a las inconsistencias señaladas. Asfura fue declarado ganador con 1,323,405 votos, equivalentes al 40.39 por ciento, frente a los 1,291,513 votos obtenidos por Nasralla, que representaron el 39.41 por ciento, una diferencia inferior a un punto porcentual que mantuvo la contienda dentro de un margen técnicamente sensible.

Tras ese resultado, el foco de los reclamos se trasladó a las inconsistencias detectadas en las actas. El escrutinio especial se abrió para revisar 2,794 actas observadas, equivalentes al 14.58 por ciento del total de 19,167 actas del nivel presidencial. La revisión no se completó: 2,399 actas fueron cotejadas y alrededor de 395 quedaron pendientes, pese a contener observaciones como errores de transcripción, diferencias entre votos consignados y sumatorias finales, así como otras inconsistencias técnicas que, según los sectores inconformes, debían ser agotadas antes de avanzar a la declaratoria.

En el caso del Distrito Central, los reclamos se profundizaron por el alcance de las actas que no fueron revisadas durante el escrutinio especial. Según los señalamientos, 431 actas quedaron sin cotejo, pese a que la elección fue definida por una diferencia mínima de 888 votos entre el candidato ganador del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, y el aspirante de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana. Según el organismo electoral, el resultado corresponde al 99.80 por ciento de las actas escrutadas

De acuerdo con los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, Juan Diego Zelaya obtuvo 164,465 votos, mientras que Jorge Aldana sumó 163,577, una diferencia que, para los sectores inconformes, volvió determinante el bloque de actas no revisadas.

El peso de esas actas pendientes fue uno de los ejes centrales de la controversia: alrededor de 100,000 capitalinos que acudieron a las urnas quedaron consignados en actas sin revisión, lo que equivale a cerca del 20 por ciento del electorado del Distrito Central.

En contraste con la disputa presidencial y las controversias en municipios clave como el Distrito Central, la elección de diputados transitó el cierre del proceso con menor conflictividad pública. Las denuncias existieron, pero fueron más puntuales, fragmentadas y menos visibles, sin escalar a un cuestionamiento general del resultado legislativo.

A las urnas fueron convocados más de 5.8 millones de hondureños, en una jornada en la que se eligieron un presidente de la República, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. La participación ciudadana se tradujo en alrededor de 3.7 millones de votos emitidos, de acuerdo con los resultados consolidados del Consejo Nacional Electoral, lo que ubicó la afluencia en torno a dos tercios del padrón electoral.