Tegucigalpa. Una red de ocho empresas, propiedad de familiares de exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación de la actual Administración, recibió 13.7 millones de lempiras en contratos entre 2022 y 2024, pese a que, por esa relación de parentesco, la Ley de Contratación del Estado prohíbe que hagan negocio con el Estado.

Así lo denunció este jueves el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en su informe La sangre llama… y contrata, presentado por su directora ejecutiva, Gabriela Castellanos, y el jefe de Investigaciones, Luis Urbina.

El CNA señaló directamente a quienes ocuparon la Gerencia Administrativa y la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, a quienes denunció ante el Ministerio Público por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.

“Es importante señalar que las empresas participantes eran propiedad de familiares de funcionarios de la SGJD, por lo que se intuye que el fin era simular el cumplimiento normativo, ya que, independientemente de quién ganara, se beneficiaba a su parentela”, dice una nota de prensa del CNA

El modus operandi consistía en invitar a tres empresas, todas con lazos familiares entre sí o con empleados de la Secretaría, para participar en procesos de compras menores de bienes, que son procedimientos simplificados que permiten hacer las adquisiciones de bajo monto sin necesidad de convocatorias públicas, como licitación o concurso, sino invitaciones directas.

Dos de ellas eran descalificadas por no cumplir requisitos formales, permitiendo que una tercera previamente definida se quedara con la adjudicación. Este patrón se repitió de forma sistemática, permitiendo que los fondos públicos se redistribuyeran entre los mismos grupos, bajo apariencia de legalidad.

El Reglamento de la Ley de Contratación del Estado (artículo 20-A) también señala que las entidades contratantes deben abstenerse de adjudicar contratos a empresas vinculadas con funcionarios o empleados que tengan poder de decisión en el proceso.

En este caso, el subgerente de Recursos Materiales y la gerente administrativa eran precisamente quienes dirigían los procesos en los que resultaron beneficiadas empresas de sus familiares, lo que viola directamente esta disposición.

Castellano calificó como un “familión” a este grupo que se benefició con estos procesos, un término que el CNA empleó recientemente para señalar a células de parientes de funcionarios que han logrado empleos en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

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