Fernando José Suárez Ramírez, principal testigo en los casos Pandora I y II, fue extraditado a pesar de los intentos de su defensa por evitarlo. «El gobierno de El Salvador rechazó la solicitud de audiencia y no aceptó el alegato de su condición de refugiado,» a pesar del riesgo que representa para su vida regresar al país, según Suárez.
«El Reino de España había otorgado una resolución de asilo por extensión familiar en mayo de 2022 a favor de Suárez,» pero la defensa solicitó a El Salvador aceptar la condición de refugiado basándose en la Convención de Naciones Unidas sobre el estatus de refugiados, la Constitución de la República y la Convención de Ginebra. «Abogados de la defensa aseguran que fiscales del Ministerio Público solicitaron reconocer el estatus de refugiado de Suárez y cambiar su categoría de acusado a testigo protegido,» una figura que lo benefició en 2018 cuando la extinta Misión de Apoyo de Lucha Contra la Impunidad en Honduras (MACCIH) presentó el caso Pandora I.
Un documento presentado en abril de 2024 al fiscal general Johel Zelaya la defensa destacó la importancia del testimonio de Fernando Suárez y el riesgo que implica su permanencia en el país. Aunque no se solicitó inmunidad, se pidió protección.
Según el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, «la condición de Fernando Suárez en este momento es de acusado y se le seguirá el proceso como tal,» imputándole los delitos de malversación de caudales, lavado de activos entre otros.
Antecedentes del Caso Pandora I y II
El caso Pandora involucraba a 38 personas, incluidos diputados, empresarios y el cuñado del expresidente Juan Orlando Hernández, Jean-François Peyrecave. «Suárez era el apoderado legal de la Fundación Divatista,» utilizada para desviar 282 millones de lempiras del estado hacia partidos políticos.
«Suárez había sido testigo de la fiscalía desde la presentación del caso en 2018,» pero la falta de recalificación de delitos y la insuficiente protección lo llevó a salir del país, perdiendo esta categoría. «La defensa cuestionó la confusa salida de Suárez en 2021 del edificio de la Agencia Técnica de Investigación Criminal,» uno de los más seguros de Honduras. En abril de 2024, un grupo de fiscales intentó llegar a un acuerdo de colaboración con Suárez bajo la figura de testigo protegido, pero no se concretó.