A un mes del asesinato del ambientalista Juan Antonio López, varios sectores reclaman a las autoridades que no se detengan en la búsqueda de justicia. A pesar del proceso judicial contra tres personas por ser los autores materiales del crimen, la comunidad demanda que se identifiquen a los personajes que ordenaron su ejecución. Juan López, un ferviente defensor del medio ambiente y regidor municipal de Tocoa, perdió la vida el 14 de septiembre mientras salía de una actividad en una iglesia de la colonia Fabio Ochoa, en el departamento de Colón. Este trágico evento empañó los desfiles patrios del 15 de septiembre, marcando el 203 aniversario de la independencia de Honduras.

Desde el primer momento, organizaciones no gubernamentales, figuras nacionales e internacionales condenaron el crimen y exigieron una investigación exhaustiva. La Iglesia Católica de Honduras también se pronunció, demandando justicia y seguridad para todos los ciudadanos. Incluso el Papa Francisco, en su rezo del Ángelus del 22 de septiembre, mostró su cercanía con quienes enfrentan la violación de sus derechos. El caso ha levantado preocupaciones sobre la seguridad de los defensores ambientales en el país, uno de los más peligrosos para estos activistas en la región.

Los rumores apuntan al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, como el posible autor intelectual del asesinato. Se alega que Fúnez tiene vínculos con una empresa minera en Guapinol, lo que podría haber generado tensiones con López, quien había pedido su renuncia debido a acusaciones de corrupción y narcotráfico. En una misa, el párroco Carlos Orellana denunció públicamente al alcalde y a sus cómplices, lo que intensificó la presión sobre las autoridades. Sin embargo, Fúnez negó las acusaciones y demandó una investigación sobre todos los políticos de la región, expresando temor por su vida debido a amenazas.

Juan López se destacó como defensor de los derechos ambientales y del agua. Su trabajo incluyó ser miembro fundador de la Pastoral de Ecología Integral y del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. A lo largo de su vida, luchó por la protección de los recursos naturales en una zona que enfrenta una creciente presión por proyectos extractivos.

En respuesta al crimen, el Ministerio Público y la Policía Nacional iniciaron investigaciones rápidas y efectivas. En menos de un mes, detuvieron a cuatro sospechosos del asesinato, entre ellos Óscar Alexis Guardado Alvarenga, considerado el autor material del crimen, así como a Lenin Adonay Cruz Munguía, Daniel Antonio Juárez Torres y Kelton Samir Martínez Velásquez. Guardado se reunió con los otros dos el día del asesinato para coordinar la logística y vigilar los movimientos de López. Actualmente, tres de ellos enfrentan medidas de prisión preventiva mientras continúan las audiencias judiciales.

A pesar de los avances en la captura de los autores materiales, persisten las dudas sobre los autores intelectuales. El padre jesuita Ismael Moreno expresó su preocupación por la falta de respuestas sobre quienes ordenaron el crimen, instando a las autoridades a actuar con firmeza. Moreno ha estado atento al caso, participando en el velorio de López y exigiendo resultados concretos en las investigaciones.

Este lunes, la Coalición contra la Impunidad hizo un llamado frente al edificio del Ministerio Público, demandando claridad sobre el proceso y la captura de los intelectuales del crimen. Juan Zúñiga, integrante de la coalición, enfatizó la necesidad de proteger a la familia de López y a otros defensores de derechos ambientales. Aunque López se oponía a proyectos de la empresa en Guapinol, Zúñiga subrayó que no se puede señalar a esta entidad sin una acusación formal.

La Coalición también recordó a otros defensores ambientales asesinados, como Ally Domínguez, Jaro Bonilla y Oquelí Domínguez, quienes enfrentaron un destino similar por proteger los bienes comunes. La impunidad sigue siendo un manto que cubre los crímenes contra líderes sociales en Honduras, lo que plantea serias interrogantes sobre el futuro de la defensa ambiental en el país.

La situación de Juan López refleja un patrón alarmante de violencia y falta de protección para quienes luchan por los derechos ambientales en Honduras. Las exigencias de justicia continúan y la comunidad permanece alerta ante la amenaza que enfrentan los defensores de la tierra y el agua.