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Aún no se ha definido la fecha para la audiencia preliminar, la cual será notificada a las partes en los próximos días. Mientras tanto, un juez de la Sala de Letras Penal de la Sección Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un auto de formal procesamiento con medida cautelar de arresto domiciliario para los exgenerales en condición de retiro de las Fuerzas Armadas: Romeo Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto.

Los tres están acusados por la muerte de Isy Obed Murillo Mencías y por lesiones graves en perjuicio de Alex Zavala Licona, ocurridas en 2009 durante una protesta frente al aeropuerto Toncontín.

Recalificación de los cargos

Durante la audiencia que comenzó el viernes 10/1/25 y se prolongó hasta la mañana del domingo 12/1/25, la Fiscalía recalificó los cargos, cambiando de homicidio a asesinato en grado de tentativa y lesiones graves.

Presentó 14 pruebas documentales, pruebas biológicas, dictámenes balísticos, autopsias, cinco testigos y varias pericias, mientras que la defensa también presentó su argumentación. Sin embargo, la causal se mantiene por el delito original de homicidio.

Medida cautelar de arresto domiciliario

El juez, tras evaluar la gravedad de los delitos y el contexto de los hechos, dictó la medida cautelar de arresto domiciliario para los exmilitares, quienes estarán bajo cuidado y vigilancia de sus abogados. También se les prohibió salir del país. Es importante resaltar que esta medida no interrumpe el proceso penal en curso por los delitos de homicidio en perjuicio de Isy Obed Murillo y homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Alex Zavala.

Melvin Duarte, portavoz de la CSJ, destacó que el juez consideró los argumentos suficientes para imponer las medidas y que las partes procesales fueron debidamente informadas sobre las razones de la decisión. Además, explicó que se ha establecido una alerta migratoria para garantizar que los imputados no abandonen el país.

Finalmente, la audiencia preliminar aún no tiene fecha definida, pero se notificará a las partes para continuar con el proceso judicial, relacionado con la crisis de 2009 que llevó a la salida del poder del expresidente Manuel Zelaya Rosales y su expulsión a Costa Rica.