San Pedro Sula, Honduras.- El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra una estructura criminal que operaba en la alcaldía de San Marcos, Santa Bárbara, señalada de desviar millonarios fondos públicos para enriquecimiento personal y financiar actividades ajenas al presupuesto municipal. El grupo era liderado desde prisión por el exalcalde Pedro Armando Aguilar Orellana, quien se encuentra privado de libertad e inhabilitado legalmente para ejercer cargos públicos.

La investigación de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) Regional Norte, con apoyo de la ATIC y la Policía Militar del Orden Público, permitió ejecutar allanamientos y órdenes de captura contra seis personas, incluidos funcionarios municipales y un candidato a alcalde por el Partido Liberal. Según el MP, Aguilar Orellana —electo bajo el Partido Alianza Patriótica y actualmente investigado por aparecer en un video con el exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, junto a narcotraficantes condenados en Estados Unidos— coordinaba la red vía telefónica desde un centro penitenciario.

El grupo estaba compuesto por funcionarios y personas de su confianza que manipulaban documentos y cuentas municipales, autorizaban pagos irregulares, adquirían bienes de lujo y recibían sobornos a cambio de adjudicar contratos de obras con sobrevaloración. Entre los bienes adquiridos se mencionan vehículos de lujo, una vivienda y armas de fuego, así como la compra ficticia de materiales de construcción y proyectos que nunca fueron ejecutados.

Los capturados y acusados son: Pedro Aguilar Orellana (exalcalde), Jesús Alberto Hernández Soliz (jefe de desarrollo municipal y candidato a alcalde), Sandra Perdomo Castellón (regidora), Dania Iveth Torres (tesorera municipal), Ada Lizbeth Pineda Villeda (auditora municipal), Lourdes Borjas Maldonado (secretaria municipal) y Elisa Castellanos Pineda (contadora municipal).

Todos enfrentarán cargos por usurpación de funciones, asociación para delinquir, lavado de activos, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios, así como actos y cómplice de malversación y falsificación de documentos públicos.