By Óscar Estrada

El informe “El estado de excepción hondureño: sin éxito, pero con víctimas”, elaborado por Ciclos CAP, una iniciativa de periodismo de investigación que aborda temas críticos de derechos humanos, seguridad y justicia en América Latina, expone con detalle los graves abusos y las ineficiencias asociadas al estado de excepción decretado por el gobierno de Xiomara Castro desde diciembre de 2022. Aunque la medida se presentó originalmente como una herramienta para combatir la extorsión y reducir la violencia vinculada a las pandillas, el documento ofrece una perspectiva profundamente crítica, sustentada en testimonios, datos y análisis de diversas fuentes nacionales e internacionales.

El estado de excepción fue implementado en respuesta a la creciente violencia en Honduras, particularmente los asesinatos de operadores del transporte público, muchos vinculados al cobro de extorsiones por parte de pandillas. Esta medida, que restringe derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de asociación y el derecho a ser detenido solo bajo mandato judicial, fue presentada como una “guerra contra la extorsión” y ha sido prorrogada en 14 ocasiones, abarcando 158 municipios. Sin embargo, dos años después, los resultados son desalentadores: según la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), el porcentaje de hogares afectados por la extorsión ha crecido del 9% al 11%.

El informe documenta casos emblemáticos que ilustran cómo la medida ha facilitado violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Uno de los relatos más impactantes es el de Cristian, un joven de San Pedro Sula que fue brutalmente golpeado y amenazado con la plantación de pruebas falsas durante un allanamiento sin orden judicial. A pesar de la intervención de una vecina, que evitó que la situación escalara aún más, Cristian quedó marcado físicamente y psicológicamente, como tantas otras víctimas de esta política.

Otros casos exponen un patrón alarmante de desapariciones forzadas. Daniel Castellanos, de 26 años, fue arrancado de su hogar en la madrugada por agentes armados que vestían chalecos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). Desde entonces, su familia no ha tenido noticias de él, a pesar de sus incansables esfuerzos para localizarlo. De manera similar, Junior Santos, de 17 años, fue llevado de su casa por hombres armados que afirmaron que solo “querían hablar con él”. Su desaparición fue seguida por el asesinato de su padre, quien había presentado denuncias contra los agentes involucrados, lo que pone en evidencia el clima de impunidad e intimidación.

El informe también relata el caso de Erika Morales y su esposo, Erlyn Ortiz, quienes fueron torturados y amenazados por policías en un retén en la frontera de El Florido. Durante más de una hora, la pareja y sus acompañantes fueron sometidos a golpes, insultos y amenazas de abuso sexual. A pesar de sobrevivir, Erika sigue enfrentando secuelas físicas y psicológicas. Este caso refleja no solo la brutalidad policial, sino también cómo las víctimas son silenciadas mediante amenazas directas.

Uno de los puntos más preocupantes del informe es la evidencia de una relación cercana entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones criminales. Testimonios recogidos por defensores de derechos humanos y fiscales señalan que, en algunas regiones, policías reciben pagos de pandillas para realizar operativos selectivos o incluso para proteger sus actividades ilícitas. En palabras de un fiscal entrevistado, “la Policía Nacional lo está usando para matar, robar. Hay casos donde las maras pagan para que ejecuten operaciones”.

Esto se agrava con la impunidad que prevalece en la mayoría de los casos. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), durante el estado de excepción se han registrado desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, muchas de ellas vinculadas a la Dipampco. A pesar de las denuncias, las investigaciones avanzan lentamente o se archivan sin resultados concretos.

El estado de excepción ha tenido un impacto desproporcionado en comunidades pobres y marginadas. Mujeres, niños y miembros de la comunidad LGBTQ+ figuran entre las principales víctimas. Cristina Portillo, una mujer trans y activista, desapareció tras un operativo policial en su negocio en la colonia Rivera Hernández. A pesar de las denuncias interpuestas por su hermana, las autoridades no han ofrecido respuestas, y las amenazas contra la familia persisten.

Los testimonios recopilados también destacan cómo las mujeres enfrentan violencia sexual y física en un contexto donde denunciar resulta casi imposible. En casos como el de una joven de Sulaco, víctima de abusos por parte de su pareja pandillero protegido por la policía, la colusión entre criminales y agentes del Estado refuerza la sensación de desamparo y vulnerabilidad.

A pesar de las celebraciones oficiales, los datos indican que el estado de excepción no ha cumplido con sus objetivos principales. En casi dos años, solo 19 personas han sido condenadas por extorsión en todo el país, una cifra irrisoria considerando el alcance de la medida. Mientras tanto, el sector transporte sigue pagando entre 40 y 50 millones de lempiras mensuales a estructuras criminales, y los líderes gremiales denuncian que las condiciones no han mejorado.

El informe resalta la falta de transparencia por parte de las autoridades. Instituciones como la Secretaría de Derechos Humanos han evadido responder preguntas sobre denuncias recibidas, y los datos entregados por otros organismos son incompletos o irrelevantes. Además, las solicitudes de entrevistas a funcionarios clave, como el secretario de Seguridad Gustavo Sánchez, han sido ignoradas.

Diversos organismos internacionales han condenado el estado de excepción en Honduras. El Comité Contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación por el uso prolongado de esta medida y por las violaciones de derechos humanos cometidas bajo su amparo. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado a desmilitarizar la seguridad pública y a garantizar el respeto al debido proceso.

El informe concluye que el estado de excepción ha profundizado la crisis de derechos humanos en Honduras. En lugar de debilitar a las pandillas, ha empoderado a una fuerza policial históricamente corrupta y ha generado un clima de terror e impunidad en las comunidades más vulnerables.

El estado de excepción en Honduras no solo ha fracasado en sus objetivos, sino que ha causado un daño profundo al tejido social y ha erosionado aún más la confianza en las instituciones estatales. Este informe es un llamado urgente a replantear las políticas de seguridad pública, priorizando el respeto a los derechos humanos y la construcción de instituciones verdaderamente democráticas. Las historias de Cristian, Junior, Daniel, Erika y Cristina son un recordatorio de los costos humanos de una estrategia que privilegia la represión sobre la justicia y el diálogo social.