Kristi Noem: “Honduras puede recibir a sus ciudadanos con seguridad”
Washington, D.C – Estados Unidos anunció este lunes el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, una decisión que afectará a más de 70.000 hondureños que han residido legalmente en el país desde 1999 bajo esta figura migratoria.
La medida fue confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien señaló que, tras una revisión de las condiciones actuales en Honduras y en coordinación con el Departamento de Estado, se determinó que el país, “ya no cumple con los criterios legales” para mantener la protección.
“El Estatus de Protección Temporal fue diseñado para ser sólo eso: temporal”, afirmó Noem en el comunicado oficial.
“Han pasado casi 27 años desde el huracán Mitch y el Gobierno de Honduras ha tomado las medidas necesarias para superar sus impactos, los ciudadanos hondureños pueden regresar a casa con seguridad y el DHS está listo para ayudar a facilitar su retorno voluntario ”.
La cancelación será efectiva 60 días después de su publicación en el Registro Federal, aunque las autoridades no precisaron la fecha exacta.
En ese plazo, los beneficiarios deberán buscar opciones legales alternativas o acogerse al retorno voluntario.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que Honduras ha implementado programas de asistencia económica, reintegración laboral y formación para el empleo, lo que, según Washington, permite el regreso seguro de sus ciudadanos.
Además, los hondureños que opten por retornar de manera voluntaria podrán acceder a un boleto de avión gratuito, un bono de 1.000 dólares y conservar oportunidades futuras de inmigración legal.
Las autoridades recomendaron utilizar la aplicación CBP Home para facilitar el proceso.
La decisión ha generado profunda preocupación entre la comunidad migrante, organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos legales, quienes advierten del impacto social que podría tener la deportación o salida forzada de personas que han vivido más de dos décadas en EE.UU., muchos de ellos con hijos ciudadanos estadounidenses.
Para algunos, este anuncio representa una ruptura familiar y un riesgo frente a las condiciones de seguridad y oportunidades limitadas en Honduras.