El 7 de julio de 2025, la Cancillería de Honduras publicó un extenso comunicado en el que lamenta la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte del gobierno de Estados Unidos. A lo largo de siete puntos, el documento intenta construir una narrativa según la cual el gobierno hondureño habría hecho “todo lo posible” para defender a sus compatriotas amparados por este estatus migratorio desde 1999. Pero una lectura detenida —y contrastada con los hechos— revela más una estrategia de control de daños que un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.

Lo que dice Cancillería: que se trabajó desde el primer día

“El Gobierno de Honduras trabajó desde el primer día en la protección de los migrantes (…) siendo la renovación del TPS uno de los ejes centrales de su política exterior con Estados Unidos.”

Verificación: Falso por omisión.

En los tres años de gobierno de Xiomara Castro no existe registro de una solicitud formal al DHS para una redesignación del TPS con base en los huracanes ETA e IOTA, pese a que esos eventos —a diferencia del huracán Mitch de 1998— sí ofrecían un argumento legal vigente para una nueva designación. Tampoco se promovió una estrategia diplomática robusta, ni se creó un equipo técnico dedicado al tema. Las únicas menciones al TPS en actos públicos fueron generales y sin seguimiento documentado.

Lo que dice Cancillería: que se solicitó desde los primeros 100 días

“Durante los primeros cien días de gestión, la Presidenta instruyó la presentación de una solicitud formal de extensión del TPS a la administración de Biden. También se presentó una carta oficial a la administración de Trump.”

Verificación: No comprobable, y contradictorio.

No existe en el registro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni del Registro Federal de EE.UU. ninguna constancia pública de que Honduras haya solicitado formalmente una redesignación o extensión del TPS tras asumir el nuevo gobierno. Tampoco se conoce que esas supuestas comunicaciones hayan sido acompañadas por evidencia técnica, informes de daños o presión política articulada con el Congreso de EE.UU., como sí lo hicieron El Salvador o Guatemala.

Además, es insólito afirmar que se dirigieron al “expresidente Trump” durante 2022, un año en que Trump no ostentaba ningún poder ejecutivo y en el que la administración en funciones era la de Joe Biden.

Lo que dice Cancillería: que la relación bilateral es sólida

“La decisión del Gobierno de EE.UU. no responde al estado actual de la relación bilateral. (…) Se deben destacar las recientes declaraciones de Kristi Noem: ‘Honduras ha sido un socio maravilloso de la administración Trump’”.

Verificación: Engañoso.

El comunicado omite que en septiembre de 2024, el gobierno de Xiomara Castro enfrentó un escándalo grave tras la filtración de un video que vincula a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta, con narcotraficantes. El ejecutivo anunció la denuncia del tratado de extradición efectivo a partir de enero de 2025. Washington interpretó eso como un intento de blindaje institucional ante la posibilidad de procesos judiciales. 

A ello se suma la amenaza de la presidenta, en cadena nacional el 1 de enero de 2025, de revisar o incluso eliminar el tratado que permite la operación de la base de Palmerola si continuaban lo que consideró “injerencias”. Estas tensiones minaron la confianza bilateral y dejaron sin fundamento la afirmación de que las relaciones eran armónicas.

Lo que dice Cancillería: que hay 18 consulados activos prestando ayuda

“Se invita a los connacionales afectados a acercarse a sus consulados más cercanos, para recibir información sobre mecanismos migratorios disponibles.”

Verificación: Parcialmente cierto, pero insuficiente.

La Cancillería ha abierto y reactivado consulados, lo cual es positivo. Sin embargo, los consulados no tienen capacidad legal ni técnica para revertir la cancelación del TPS ni para ofrecer soluciones migratorias duraderas. En la práctica, estas oficinas solo pueden orientar a los hondureños hacia abogados de migración o informar sobre sus opciones, que tras la cancelación se limitan a aplicar a otros programas (asilo, DACA, visas humanitarias), sin garantía alguna.

Además, la red consular no ha sido un actor activo en la defensa del TPS en foros públicos o de cabildeo, limitando su impacto real.

Lo que dice Cancillería: que el gobierno reconoce el rol de la diáspora

“El Gobierno reconoce la incansable labor de la comunidad tepesiana, quienes durante años alzaron su voz con dignidad.”

Verificación: Contradictorio con su actuación.

Durante los últimos tres años, las organizaciones de la diáspora hondureña han denunciado falta de interlocución con Cancillería, escasa respuesta a sus llamados y la ausencia total de una campaña articulada para presionar por la renovación del TPS. Quienes alzaron la voz —como CARECEN, Hondurans Against Corruption o líderes comunitarios— lo hicieron sin respaldo estatal. El reconocimiento llega tarde y con tono condescendiente, cuando el daño ya está hecho.

Lo que dice Cancillería: que en 2023 sí se revirtió el TPS

“En 2023 se logró revertir la decisión (de 2018) de cancelar el TPS para Honduras.

Verificación: Engañoso.

La decisión de mantener vigente el TPS en 2023 no fue producto de una gestión particular del gobierno de Castro, sino del litigio impulsado por organizaciones como Alianza Américas, NILC y grupos de defensa legal en EE.UU., que lograron congelar la terminación ordenada por Trump. La extensión en 2023 fue parte de ese proceso judicial, no una victoria diplomática hondureña. La Cancillería se adjudica un mérito que no le corresponde.

Lo que dice Cancillería: que el diálogo continuará

“El Gobierno (…) mantendrá el diálogo con autoridades estadounidenses y actores claves para promover soluciones que garanticen estabilidad.”

Verificación: Sin respaldo concreto.

No se han anunciado nuevas gestiones tras la cancelación. No se ha convocado a la diáspora ni a aliados internacionales. No se ha presentado un recurso legal. La frase opera más como promesa vacía que como hoja de ruta.

Conclusión: entre el boletín y la desprotección

Este comunicado no es un ejercicio de transparencia. Es un intento de reconfigurar retrospectivamente la historia, para encubrir tres años de inercia diplomática y contradicciones políticas. La estrategia del gobierno consiste en presentarse como víctima de una decisión externa, cuando la verdad es que no hizo su parte para evitarla.

Los datos duros —que no están en este comunicado— muestran que nunca se presentó una solicitud formal basada en ETA e IOTA, que la relación con Estados Unidos se deterioró tras el escándalo Carlon y la derogación del tratado de extradición, y que la defensa del TPS fue siempre marginal, simbólica y reactiva.

Mientras tanto, 55,000 hondureños quedan a la intemperie legal. Y el gobierno, en lugar de pedir perdón o asumir responsabilidad, ofrece un boletín lleno de lugares comunes.

En política exterior, como en migración, el silencio no es neutral: es abandono.