Organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos reaccionaron sorprendidas e indignadas al escuchar las soluciones que las autoridades proponen para enfrentar las crisis del país. La Asociación para una Sociedad Más Justa, a través del director de seguridad ciudadana Nelson Castañeda, calificó la solicitud del comandante Ramiro Muñoz de reducir la edad punible como «represiva«. Esta solicitud de encarcelar a niños no es nueva; en 2017, la Organización de Naciones Unidas pidió al gobierno de Juan Orlando Hernández respetar los convenios internacionales que protegen a la niñez, de los cuales Honduras es parte.
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Por otro lado, la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEH) instó al estado a aplicar la justicia con severidad, pero dirigida a los adultos que corrompen y utilizan a menores para el crimen organizado. Wilmer Vásquez, director de COIPRODEH, recordó al estado que las políticas públicas para la niñez han sido olvidadas, a diferencia de los grupos criminales que reclutan a menores desde los 10 años.
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Otra propuesta controversial surgió de la diputada Carolina Flores, quien sugirió pagar 2,500 lempiras a las mujeres que se sometan a una operación de esterilización. Grupos feministas calificaron esta propuesta de inhumana e ignorante respecto al verdadero problema de los índices de natalidad. Flores defendió su iniciativa asegurando que su objetivo es mejorar la calidad de vida de las mujeres, especialmente en las zonas rurales, donde muchas no pueden operarse por falta de recursos para trasladarse a la capital.
Los requisitos para acceder a estos fondos incluyen ser adulta, voluntariedad y paridad satisfecha. Flores afirmó que esta iniciativa no pretende promover un control natal, sino ofrecer una solución a mujeres que desean operarse pero no cuentan con los medios económicos para hacerlo. A pesar de sus intenciones, la propuesta ha generado un amplio debate.
Estas propuestas han suscitado críticas y preocupación sobre el enfoque de las autoridades para resolver las crisis del país. En lugar de abordar las raíces de los problemas sociales y económicos, las soluciones planteadas parecen profundizar la injusticia y la desigualdad.