Cronología del atraso que entrampó las elecciones generales de Honduras 2025
TEGUCIGALPA.— La noche del domingo 30 de noviembre de 2025, mientras los centros de votación cerraban y el país aguardaba los primeros resultados, Honduras ingresó a un proceso electoral que nunca logró consolidar un ritmo sostenido. Lo que siguió no fue una espera breve ni ordenada, sino una sucesión de avances fragmentados, interrupciones técnicas, cambios en la tendencia preliminar y largos silencios del sistema de divulgación, que terminaron por empujar la elección hacia un escrutinio especial igualmente marcado por pausas y tensiones. Esta crónica reconstruye, día por día, cómo el proceso se fue entrampando hasta desembocar en un escenario que, al 23 de diciembre, mantiene el resultado definitivo atado a un conteo aún inconcluso.
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Domingo 30 de noviembre | el arranque y el primer golpe de realidad
La jornada comenzó a las 7:00 de la mañana, con una participación sostenida desde las primeras horas. En numerosos centros de votación, las filas obligaron a extender el cierre hasta las 6:00 de la tarde, una hora más de lo previsto, bajo los mecanismos habilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El ambiente fue de expectativa contenida: las encuestas anticipaban una contienda cerrada y, en ese contexto, el resultado real solo podía definirse con el avance del conteo oficial.
A las 10:17 de la noche, el CNE divulgó el primer corte presidencial a través del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Con 6,643 actas divulgadas de 7,534 transmitidas, el tablero inicial colocó a Nasry “Tito” Asfura en primer lugar con el 40.6 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla con el 38.8 %, una diferencia estrecha que confirmaba lo ajustado de la contienda. Más allá del liderato momentáneo, el dato decisivo era la magnitud de lo pendiente: más del 60 % de las actas aún no había sido divulgado y cerca de 900 aparecían ya marcadas con inconsistencias, una señal temprana de que el proceso no tendría un cierre inmediato. Bajo la conducción del pleno integrado por Ana Paola Hall, presidenta del CNE, junto a las consejeras Cossette López y Marlon Ochoa, el primer corte dejó un mensaje claro: la elección seguía abierta y su definición dependería de un conteo prolongado y técnicamente exigente.
Lunes 1 de diciembre | una ventaja que no se sentía definitiva
El país entró en una dinámica casi obsesiva: actualizar la página, refrescar el sistema, esperar el siguiente paquete de actas. La ventaja inicial de Nasry “Tito” Asfura se mantenía, pero no se ampliaba. Por el contrario, el margen comenzó a estrecharse de forma sostenida conforme ingresaban urnas de zonas urbanas y, de manera particular, del departamento de Cortés, donde Salvador Nasralla mostraba un mejor desempeño relativo frente al promedio nacional.
El comportamiento del conteo empezó a dibujar una señal clara: las actas pendientes no eran neutras. Provenían, en buena medida, de territorios con mayor peso urbano y electoral, lo que alimentó la percepción de que la contienda podía cambiar de tendencia a medida que avanzara la divulgación.
Ese lunes todavía no se hablaba de una crisis abierta, pero sí se instaló una sensación creciente de fragilidad. Todo el proceso quedó atado al funcionamiento continuo del Sistema de Divulgación de Resultados: cualquier pausa, por breve que fuera, tenía el potencial de alterar no solo el ritmo del conteo, sino también la confianza pública en un proceso que, desde su segundo día, ya se mostraba delicadamente equilibrado.
Martes 2 de diciembre | el vuelco y la primera grieta
El martes 2 de diciembre marcó un punto de quiebre en la elección. Con la incorporación de nuevas actas al conteo preliminar, Salvador Nasralla logró superar a Nasry “Tito” Asfura. Según los datos de ese día, cuando ya se habían transmitido 11,673 de 19,152 actas programadas (alrededor del 61 % del total), Nasralla acumulaba 769,768 votos, apenas 655 más que Asfura, que sumaba 768,833 sufragios. Esa mínima brecha —de menos de 700 votos— reflejó la gigantesca cercanía de la contienda y confirmó que el primer corte del 30 de noviembre había sido solo una instantánea parcial de un proceso fluido y competitivo
Ese mismo día, el Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió fallas técnicas en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y en el Sistema de Divulgación de Resultados. No se trató de una caída total, pero sí del primer reconocimiento oficial de problemas de estabilidad en un conteo extremadamente ajustado. Se habló de correcciones, de estabilización y de retomar el ritmo de divulgación. El mensaje buscó transmitir control, pero el efecto fue inverso: con una diferencia de apenas miles de votos, cualquier interrupción del sistema pasaba a tener relevancia política directa
Miércoles 3 de diciembre | el sistema se apaga en el peor momento
La tarde del miércoles, cuando el país esperaba consolidar la nueva tendencia, el sistema volvió a detenerse. La explicación fue “mantenimiento”. El problema no fue solo la pausa, sino el contexto: no hubo aviso previo al pleno y la caída ocurrió en horas clave del conteo.
Ese día se conoció además un dato que pesaría durante toda la semana: la primera caída del sistema había acumulado ya 27 horas sin servicio efectivo. El proceso dejó de ser simplemente lento y pasó a ser intermitente. Cada reanudación venía acompañada del temor a una nueva paralización.
Del 4 al 6 de diciembre | resultados congelados y confianza en retroceso
Entre el miércoles 4 y el viernes 6 de diciembre, el proceso entró en una fase de comportamiento errático que terminó de romper cualquier expectativa de cierre ordenado. El Sistema de Divulgación de Resultados comenzó a mostrar periodos prolongados sin variación alguna en las cifras, seguidos por avances abruptos de cientos de actas, para luego volver a quedar completamente estático. No existía una cadencia reconocible ni un patrón de actualización que permitiera anticipar cuándo habría nuevos datos.
En ese mismo lapso, el Consejo Nacional Electoral empezó a acumular formalmente actas clasificadas como inconsistentes, un universo que crecía a medida que avanzaba el procesamiento y que ya no podía explicarse como casos aislados. Las inconsistencias dejaron de ser una anomalía marginal y pasaron a convertirse en un componente estructural del conteo, abriendo el debate interno sobre la viabilidad de concluir la elección únicamente mediante el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
El efecto fue inmediato: mientras el margen entre los dos primeros lugares se mantenía extremadamente estrecho, el proceso empezó a cargar con un problema adicional que ya no era técnico, sino político e institucional. La percepción de desorden se instaló en el ambiente público y el conteo preliminar comenzó a ser visto no como una ruta de cierre, sino como una antesala inevitable a un mecanismo extraordinario de revisión.
Domingo 7 de diciembre | el incidente que lo cambió todo
El domingo 7 de diciembre estalló el episodio más delicado del proceso hasta ese momento. El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la existencia de un incidente de seguridad vinculado a accesos indebidos y manejo irregular de credenciales asociadas al Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y al Sistema de Divulgación de Resultados. La situación obligó a adoptar una medida inédita en medio de un conteo activo: la regeneración total de contraseñas para partidos políticos, usuarios técnicos y operadores autorizados.
El CNE informó que la decisión se tomó tras detectar riesgos en la integridad de los accesos, lo que hacía imposible garantizar que el sistema siguiera operando bajo los estándares mínimos de seguridad. En la práctica, la medida significó detener procesos, reconfigurar permisos y reordenar la operación técnica en plena fase crítica del conteo, profundizando los retrasos acumulados.
Ese día también quedó expuesta una fractura interna en la conducción del proceso. Mientras desde el pleno se insistía en que el incidente no implicaba alteración de resultados, el solo hecho de reconocer una vulnerabilidad de seguridad en un conteo presidencial tan cerrado trasladó la discusión a un terreno mucho más sensible. Ya no se debatía únicamente la velocidad del sistema, sino su confiabilidad y la capacidad institucional para resguardar la voluntad expresada en las urnas.
Desde el 7 de diciembre, el clima del proceso cambió de forma irreversible. Cada actualización posterior del sistema, cada número que aparecía en pantalla, comenzó a ser leído bajo sospecha, no necesariamente por lo que mostraba, sino por el contexto en el que se producía: un conteo interrumpido, con accesos reiniciados y con una elección definida por márgenes mínimos. La crisis dejó de ser técnica y pasó a ser, de lleno, una crisis de credibilidad.
Del 8 al 13 de diciembre | promesas, bloqueos y desgaste
Tras el incidente de seguridad del 7 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que el Sistema de Divulgación de Resultados sería normalizado una vez restablecidos los accesos y reforzados los controles. La expectativa era clara: retomar el flujo continuo del conteo preliminar. Eso no ocurrió. En los días siguientes persistieron los congelamientos prolongados del sistema, actualizaciones intermitentes y una operación sin previsibilidad, en un escenario donde cada hora sin movimiento profundizaba la incertidumbre.
En ese contexto tomó protagonismo la llamada “Contingencia 2”, un procedimiento técnico previsto dentro del esquema del TREP para continuar el procesamiento y divulgación de resultados cuando el sistema principal no puede operar con normalidad. No se trataba de un plan improvisado ni de una figura política, sino de un mecanismo diseñado para garantizar continuidad operativa, permitiendo avanzar en la publicación de resultados bajo controles alternos y validaciones reforzadas.
Sin embargo, la Contingencia 2 nunca logró ejecutarse plenamente. Su activación quedó atrapada en una disputa interna del pleno del CNE:
por un lado, se exigía que la empresa encargada del TREP rindiera un informe técnico detallado sobre las fallas, los accesos y los riesgos detectados; por otro, se condicionaba cualquier avance a auditorías adicionales antes de permitir que el sistema —aunque fuera en modo contingente— siguiera divulgando resultados. El desacuerdo no era menor: avanzar implicaba asumir riesgos políticos; detenerse significaba prolongar el atraso.
Así, lo que debía ser una ruta de salida técnica se convirtió en un punto de bloqueo institucional. La Contingencia 2 existía, estaba contemplada y era conocida por los actores, pero no había consenso para ejecutarla. El resultado fue un proceso suspendido en los hechos: ni el sistema principal funcionaba con estabilidad, ni el mecanismo alterno era autorizado para operar.
Para entonces, el calendario ya se había transformado en un factor central del conflicto. La pregunta dejó de ser quién encabezaba el conteo y pasó a ser cuándo y por qué vía podría cerrarse el proceso. El retraso dejó de percibirse como una consecuencia técnica y comenzó a entenderse como el reflejo de una incapacidad institucional para tomar decisiones en un escenario de alta presión política.
Domingo 14 de diciembre | se define el camino del escrutinio especial
Ese día se delimitó el universo a revisar. El CNE estableció que 2,792 actas presentaban inconsistencias que impedían su validación directa, de las cuales 2,773 correspondían al nivel presidencial, el más sensible por el margen estrecho entre los candidatos punteros. A ese bloque se sumaron 1,081 actas incorporadas de oficio, una figura prevista en la normativa electoral para casos en los que, aun sin impugnación partidaria, el propio órgano electoral determina que deben ser revisadas para salvaguardar la integridad del resultado.
La decisión implicó varios mensajes simultáneos. En lo técnico, reconoció que el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) había llegado a su límite funcional: podía orientar tendencias, pero no garantizar un cierre definitivo bajo las condiciones existentes. En lo jurídico, activó el procedimiento de verificación y recuento previsto en la ley, trasladando el peso del resultado a un mecanismo extraordinario, más lento y exhaustivo. Y en lo político, marcó un punto de no retorno: la elección ya no se definiría en la pantalla del sistema de divulgación, sino urna por urna, bajo observación directa.
Ese mismo día se comenzó a perfilar la logística del escrutinio especial: la instalación de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), la concentración de maletas electorales en el Centro Logístico Electoral, ubicado en el INFOP, y la transmisión pública del proceso como medida de transparencia. Nada de eso significaba rapidez. Al contrario, el país entraba formalmente en una fase de revisión prolongada, con tiempos abiertos y alta carga política.
La lectura fue inequívoca. Al asumir el escrutinio especial, el CNE aceptó que el TREP, por sí solo, no cerraría la elección, y que la definición del resultado dependería de un proceso más complejo, vulnerable a tensiones, presiones y bloqueos. A partir de ese domingo, el atraso dejó de ser un accidente del sistema y se convirtió en una condición estructural del cierre electoral.
Del 15 al 17 de diciembre | listo el escenario, pero sin arranque
Entre el lunes 15 y el miércoles 17 de diciembre, el proceso entró en una fase de parálisis institucional. Aunque el Centro Logístico Electoral, instalado en el INFOP, ya estaba acondicionado para iniciar el escrutinio especial, el conteo no pudo arrancar por una razón básica: las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) no estaban plenamente integradas.
El obstáculo fue doble. Por un lado, partidos políticos no acreditaron a tiempo a sus representantes, condición necesaria para conformar las juntas conforme a la normativa. Por otro, surgieron disputas internas en el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre cómo proceder ante esa ausencia: si esperar las designaciones, integrar las juntas con suplencias o buscar una vía administrativa alternativa. La falta de consenso volvió a frenar una decisión que ya había sido tomada en lo formal.
Durante esos días, el CNE advirtió públicamente que la no integración de las JEVR estaba bloqueando el inicio del escrutinio especial, y dejó constancia de que el retraso no era técnico, sino operativo y político. La situación se agravó por la presencia de protestas y bloqueos en los alrededores del INFOP, que dificultaron el acceso del personal y elevaron el nivel de tensión en el arranque de un proceso ya sensible.
La paradoja se volvió evidente: Honduras había aceptado que la elección se definiría mediante escrutinio especial, pero el mecanismo diseñado para destrabar la crisis quedó detenido antes de comenzar, no por falta de urnas ni de logística, sino por la incapacidad de los actores de activar la estructura mínima de recuento. El atraso ya no respondía a fallas del sistema, sino a un empate institucional que mantenía el resultado en suspenso.
Jueves 18 de diciembre | por fin comienza el escrutinio especial
A las 3:40 de la tarde del jueves 18 de diciembre, el escrutinio especial inició finalmente en el Centro Logístico Electoral (CLE), instalado en el INFOP, tras más de dos semanas de un conteo preliminar irregular. El arranque se produjo luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lograra integrar de forma incompleta pero funcional las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), ante la ausencia o tardanza de acreditaciones partidarias.
El inicio no fue silencioso ni automático. El proceso comenzó con verificación física de maletas electorales, apertura controlada de urnas, revisión de actas con inconsistencias y reconteo manual de papeletas, todo bajo transmisión pública, como medida para contrarrestar la desconfianza acumulada. La logística implicó turnos extendidos, controles de acceso y la presencia permanente de observadores y personal técnico, en un ambiente cargado de tensión.
En ese momento, el resultado preliminar —el último consolidado antes del escrutinio especial— colocaba a Nasry “Tito” Asfura nuevamente en primer lugar, con una ventaja cercana a los 43 mil votos sobre Salvador Nasralla, en una elección que ya superaba los tres millones de votos contabilizados. Ese margen, aunque más amplio que en días previos, seguía condicionado al universo de 2,792 actas sometidas a revisión, muchas de ellas correspondientes al nivel presidencial.
El arranque del escrutinio especial marcó un cambio de fase, pero no un punto de llegada. Desde el primer momento quedó claro que el recuento sería lento, altamente disputado y vulnerable a interrupciones, no solo por la complejidad técnica del procedimiento, sino por el clima político que rodeaba cada decisión de mesa. El país entraba así en un nuevo tramo del proceso: contar de nuevo lo que el sistema no logró cerrar, bajo una presión creciente por el tiempo y la credibilidad.
Del 19 al 21 de diciembre | avance mínimo y nuevas pausas
Los primeros días del escrutinio especial, entre el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre, confirmaron que el nuevo mecanismo heredaba muchos de los problemas del conteo preliminar. El avance fue lento y desigual. En varias jornadas, el número de actas revisadas resultó muy inferior al proyectado, debido a discusiones constantes en las mesas de verificación, objeciones sobre criterios de recuento y desacuerdos sobre la validez de votos específicos.
El conflicto no fue abstracto. En las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) se produjeron interrupciones repetidas por desacuerdos entre representantes, solicitudes de revisión adicional y pausas para consultas técnicas y jurídicas. Cada acta cuestionada implicaba detener el flujo del conteo, revisar procedimientos y volver a validar decisiones, lo que ralentizó el proceso desde su inicio.
La tensión acumulada desembocó en una suspensión prolongada del escrutinio, que se extendió por aproximadamente 12 horas. El conteo quedó detenido durante la noche del sábado 20 y la madrugada del domingo 21 de diciembre, hasta que el Consejo Nacional Electoral ordenó la reanudación formal del proceso en horas de la mañana, bajo el mismo esquema operativo y sin cambios sustanciales en la dinámica de trabajo.
Para entonces, el paralelismo ya era inevitable. El escrutinio especial, concebido como la vía para destrabar el atraso del TREP, comenzó a reproducir el mismo patrón que había marcado todo el proceso: avanza, se detiene, vuelve a empezar. La diferencia era que ahora el conteo no ocurría en una plataforma digital, sino frente a urnas físicas, con decisiones tomadas voto a voto, bajo una presión política creciente y con el reloj institucional avanzando sin pausa.
Lunes 22 de diciembre | la violencia entra en escena
La tensión alcanzó su punto más grave el lunes 22 de diciembre, cuando se reportó un ataque con bombas molotov en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), instalado en el INFOP, mientras se desarrollaba el escrutinio especial. El incidente dejó tres escrutadores heridos, quienes tuvieron que recibir atención médica, y obligó a reforzar de inmediato los protocolos de seguridad en torno al recinto.
El ataque ocurrió en un momento particularmente sensible del proceso, cuando el conteo avanzaba con lentitud y bajo un clima de confrontación constante dentro de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR). La agresión no solo expuso la vulnerabilidad física del personal electoral, sino que añadió un nuevo factor de presión a un proceso ya marcado por retrasos, disputas internas y desconfianza acumulada.
Tras el hecho, el Consejo Nacional Electoral (CNE) condenó la violencia y ordenó medidas extraordinarias de seguridad para garantizar la continuidad del escrutinio, en coordinación con cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, el impacto ya estaba hecho. A partir de ese momento, el escrutinio especial dejó de ser únicamente un problema técnico o procedimental y pasó a desarrollarse bajo un escenario de riesgo, donde la integridad de las personas se volvió una preocupación tan central como la validez del conteo.
El mensaje fue contundente: el proceso electoral no solo enfrentaba un atraso prolongado, sino que había entrado en una fase en la que la violencia amenazaba directamente su desarrollo. La elección de 2025 quedaba así marcada por un elemento inédito en su tramo final: contar votos bajo tensión y resguardo policial, con un país expectante y un cierre cada vez más condicionado por factores ajenos al acto electoral original.
Martes 23 de diciembre | el presente: un cierre aún pendiente
Hoy, 23 de diciembre, el escrutinio especial sigue formalmente abierto. Restan 15 actas por revisar, un volumen que, aunque menor frente al universo inicial, continúa siendo determinante en una elección definida por márgenes estrechos. El proceso avanza bajo presión, con jornadas extendidas y un clima de agotamiento evidente entre quienes participan en el recuento.
En paralelo, el calendario institucional volvió a moverse. En las últimas horas se bajó la posibilidad de una declaratoria presidencial inmediata, mientras en el entorno del proceso comenzó a manejarse internamente el 24 de diciembre, Nochebuena, como una fecha tentativa para una eventual definición, siempre condicionada a que el escrutinio especial logre completarse sin nuevas interrupciones. No hay anuncio oficial cerrado, pero sí señales de que el reloj político empuja decisiones en un margen cada vez más estrecho.
El límite legal del 30 de diciembre sigue marcando el horizonte final, pero el camino hacia ese punto permanece cargado de incertidumbre. Honduras observa un proceso exhausto, tensionado, golpeado por fallas técnicas, disputas institucionales y episodios de violencia, pero que aún no se ha detenido. La elección sigue viva, no por falta de votos, sino por la dificultad de contarlos y validarlos en un entorno donde el tiempo, más que los números, se ha convertido en el principal factor de presión.
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