Sector privado propone plan de empleo y fortalecimiento de la democracia

by Tania Gálvez |

Sector privado propone plan de empleo y fortalecimiento de la democracia

El sector privado hondureño sugirió este miércoles que, si el Congreso Nacional aprueba la Ley de Justicia Tributaria, lo haga con el objetivo de atraer inversión y generar empleos, un tema que consideran prioritario para el país. «Nuestro comentario es que se apruebe una ley de justicia tributaria que genere empleo y cree condiciones para seguir invirtiendo en Honduras», afirmó Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en una conferencia tras dar lectura a una declaratoria conjunta del sector.

Gallardo mencionó que el sector empresarial ha estado abierto a revisar el proyecto de ley y aportar sus ideas. «Si se aprueba esta ley, que sea en beneficio de quienes invertimos en el país, de quienes generamos empleo y de quienes buscamos evitar la migración de jóvenes a otros países», enfatizó la dirigente empresarial.

El proyecto del Poder Ejecutivo para la Ley de Justicia Tributaria, que busca eliminar exoneraciones fiscales a varias empresas, fue sometido a discusión en el Congreso Nacional el 15 de octubre. Algunos diputados de oposición han denunciado que el Legislativo buscaría aprobar la ley con 65 votos, pero el presidente del Congreso, Luis Redondo, no descartó someter el tema a una consulta popular si el proyecto no recibe apoyo mayoritario.

Declaratoria

En la declaratoria, el sector privado propuso que la creación de empleo debe ser una prioridad nacional. Por lo tanto, debe haber unidad entre el gobierno y el sector civil para lograr este objetivo y evitar la migración de hondureños. «El empleo digno es el principal generador de bienestar y la solución más eficaz contra la pobreza y la migración. El sector privado asume este reto, entendiendo que es esencial que el Estado y la sociedad civil colaboren en una estrategia decidida y unificada», señaló.

Los empresarios enfatizaron que el fortalecimiento de la inversión, tanto nacional como extranjera, debe ser un objetivo compartido. Esto incluye asegurar un entorno de seguridad jurídica, reducir la burocracia, mejorar la infraestructura y mantener la estabilidad macroeconómica que permita competir con otros países de la región. Además, expresaron preocupación por la denuncia del convenio de extradición con Estados Unidos, ya que esto compromete la lucha contra el crimen organizado. Instaron al Gobierno a dialogar con los distintos sectores sobre decisiones que pueden afectar negativamente la imagen del país.

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