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El Salvador decidió poner fin al Bitcoin como moneda de curso legal, cediendo ante la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que condicionó un préstamo de 1.400 millones de dólares a que el país mitigara los riesgos asociados a la criptomoneda.

El Parlamento, dominado por el oficialismo, aprobó discretamente una reforma a la Ley Bitcoin, eliminando su estatus de moneda oficial y dejando su uso a discreción de los ciudadanos.

La reforma llega en un contexto donde el Gobierno de Nayib Bukele enfrenta dificultades económicas y busca acceso a financiamiento internacional.

El Bitcoin, adoptado en 2021, nunca logró la aceptación masiva que Bukele prometió, y su uso se redujo drásticamente con el tiempo. La ley obligaba a comercios e instituciones públicas a aceptarlo, pero la nueva normativa convierte su uso en voluntario y lo excluye del pago de impuestos.

El experimento del Bitcoin, promovido como un camino hacia la «prosperidad económica y libertad financiera», dejó en su estela escándalos de corrupción, problemas técnicos en la billetera oficial Chivo Wallet y una caída en la confianza pública.

A pesar de ello, el Gobierno aún mantiene una reserva de más de 6.000 bitcoins, valorados en aproximadamente 637 millones de dólares, sin transparencia sobre su administración o posible venta.

Mientras Bukele guarda silencio sobre la reforma, su administración sigue impulsando iniciativas relacionadas con el Bitcoin, incluida la compra continua del criptoactivo y la atracción de inversionistas a través de nuevas regulaciones.

Sin embargo, el fracaso del Bitcoin como moneda de curso legal refleja el desencanto de la población y el pragmatismo del Gobierno ante la urgencia de financiamiento externo.