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En el verano de 2008, el embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, escribió un memorando confidencial en el que describía la personalidad del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales. En él, Ford narraba cómo el expresidente tuvo dificultades para nombrar al ViceMinistro de Seguridad: “La incapacidad de Zelaya para nombrar a un viceministro de seguridad otorga credibilidad a quienes sugieren que los narcotraficantes lo han presionado para que nombre a uno de los suyos en esta posición. Debido a su estrecha asociación con personas que se cree que están involucradas con el crimen organizado internacional, la motivación detrás de muchas de sus decisiones políticas puede ciertamente ser cuestionada,” dijo.Hoy, 15 años después, ese documento resuena en las acusaciones en Nueva York contra el excongresista liberal Midence Oqueli Martínez Turcios.

En la corte del Distrito Sur de Nueva York, donde las sombras del narcotráfico hondureño se proyectan con especial claridad, el caso contra Martínez Turcios está tomandoun giro inesperado. El testigo estrella de la fiscalía, Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cartel de los Cachiros y colaborador de las autoridades estadounidenses, se encuentra en el centro de la tormenta. La defensa de Martínez señala que Rivera mintió bajo juramento, fabricando o manipulando detalles para incriminar al excongresista y así mejorar su propia posición en las negociaciones con los fiscales.

La defensa argumenta que durante la audiencia Fatico que se realizó el pasado diciembre, donde se evaluaron hechos para determinar la autoría de Martínez Turcios en por lo menos seis asesinatos, Rivera ofreció un testimonio plagado de inconsistencias. Según la defensa, Rivera admitió haber utilizado información extraída de internet para construir narrativas que implicaban a Martínez en asesinatos y torturas, como en el caso del periodista Nahum Palacios. En otro momento, señala la defensa, Rivera afirmó bajo juramento que Martínez coordinó ataques violentos y distribuyó sobornos, para luego retractarse o modificar esos mismos relatos. La defensa calificó el testimonio de Rivera Maradiaga como “ni corroborado ni creíble”.

Martínez, según los fiscales, habría protegido cargamentos de cocaína y entrenado sicarios, utilizando sus conexiones políticas para blindar las actividades ilícitas del cartel. La defensa refuta estas acusaciones, argumentando que Martínez nunca tuvo el poder político suficiente para cumplir ese supuesto rol estratégico. Además, se han presentado declaraciones juradas de testigos en Honduras que niegan su participación en los crímenes violentos atribuidos a él, reforzando las sospechas sobre la credibilidad del caso presentado por el gobierno de Estados Unidos.

El problema central del caso no es solo si Martínez es culpable o inocente; es también si el sistema judicial estadounidense está preparado para lidiar con las complejidades de la corrupción hondureña. Rivera es un hombre que ha admitido haber dirigido una de las organizaciones criminales más sangrientas de Honduras. Su palabra, como señala la defensa, se ha utilizado en muchos otros casos para construir condenas, incluyendo la del expresidente Juan Orlando Hernández, pero siempre bajo una nube de dudas. Si el único testimonio que vincula a Martínez con la violencia y el narcotráfico proviene de alguien con tanto que ganar al mentir, ¿qué tan sólida es la justicia que se busca impartir?

El memorando de Ford que da razón a la narrativa del Cachiro, nos ofrece también una visión útil para entender sus contradicciones. El embajador, al describir a los líderes políticos hondureños como expertos en navegar entre la cooperación y el antagonismo con Estados Unidos, utilizando cada oportunidad para maximizar sus propios intereses, describió también a Rivera Maradiaga. Su supervivencia, tanto política como personal, depende de su habilidad de jugar en ambos lados del tablero.

La imagen que Ford pintó de Honduras en aquel memo de 2008, como un país atrapado entre el populismo oportunista y la influencia estadounidense sigue siendo inquietantemente precisa. Pero mientras los tribunales de Nueva York intentan desenredar esta maraña de poder y corrupción, el mayor desafío no es solo juzgar a hombres como Martínez, sino también enfrentar las contradicciones inherentes a un sistema que depende de testigos cuya credibilidad está en cuestionamiento.