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La embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, reiteró este jueves su llamado a Honduras para que realice una investigación «transparente y exhaustiva» sobre el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre, y ofreció asistencia para que los autores sean llevados ante la justicia.

«Han transcurrido 12 semanas desde el asesinato de Juan López, defensor del medioambiente, y reitero mi llamado a todos los actores del sector justicia para que se realice una investigación transparente y exhaustiva que permita identificar a los autores intelectuales de este atroz crimen», subrayó Dogu en un mensaje en X.

López, coordinador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), fue asesinado el 14 de septiembre por hombres armados mientras se encontraba en su vehículo en un concurrido barrio de Tocoa, una región con altos índices de violencia en el Caribe de Honduras.

La diplomática estadounidense señaló que su país apoya a Honduras y está «listo para ofrecer asistencia adicional para garantizar que los culpables sean llevados ante la justicia».

López, un reconocido ambientalista hondureño defensor del río Guapinol, era concejal del municipio de Tocoa por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) y fue asesinado pese a que era beneficiario del Sistema Nacional de Protección en Honduras y contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2013.

Hasta ahora, las autoridades hondureñas han informado de tres personas detenidas como “autores materiales”.

El ambientalista se oponía al proyecto minero Guapinol de la empresa Los Pinares, en Colón, al considerar que afectaba el Parque Nacional Carlos Escaleras.

En 2023, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa denunció «la contaminación ambiental» en el Parque Nacional Carlos Escaleras y «la falta de respuesta» del Estado, y ese mismo año fueron asesinados los ambientalistas Aly Domínguez, Jairo Bonilla y Oquelí Domínguez.

El conflicto en Tocoa se derivó, según la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, Colón, por «la ilegalidad» de la concesión de la explotación minera de la empresa Los Pinares, lo que la compañía ha rechazado.