El más reciente informe antidroga del Departamento de Estado de EE. UU. de 2024 destaca la urgencia de que Honduras realice enormes esfuerzos para disminuir la penetración del crimen organizado, especialmente del narcotráfico, en las “zonas sin ley” donde operan los narcotraficantes. La corrupción se mantiene en aumento y el estado de excepción ha desviado recursos y atención de las políticas antidrogas.

Honduras continúa siendo un importante país de tránsito de cocaína hacia EE. UU., y las operaciones antidroga generan resultados limitados. Los departamentos de Colón y Gracias a Dios se enfrentan a crecientes actividades de narcóticos en espacios no gobernados. El informe también resalta el aumento del uso de drogas sintéticas y los desafíos inmensos relacionados con el almacenamiento y destrucción de precursores químicos.

La presidenta Castro extendió un estado de excepción para combatir la extorsión, pero esto ha limitado los recursos disponibles para las operaciones antidrogas. El informe señala que las operaciones antinarcóticos apenas interrumpen la creciente presencia de narcotraficantes debido a la falta de coordinación interinstitucional y desafíos geográficos en áreas críticas.

Se estima que entre 80 y 120 toneladas de cocaína ingresan anualmente al país, pero las fuentes externas sugieren que la cantidad real podría ser mucho mayor. La corrupción sigue con impunidad en el sistema de justicia, lo que reduce el riesgo de que los narcotraficantes enfrenten consecuencias. La reciente remoción del juez que manejaba casos de crimen organizado subraya la preocupación sobre la corrupción.

El informe también aborda la creación de una Comisión de lucha contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH) y la llegada de expertos de la ONU para preparar un informe. Sin embargo, la administración Castro aún no ha clarificado cómo funcionará esta comisión, lo que añade incertidumbre al proceso.

En cuanto a la comunicación interinstitucional, el informe destaca que la falta de coordinación y financiamiento debilita la lucha contra las drogas. La inestabilidad política también afecta a la población hondureña, y aunque el gobierno ha logrado avances, la situación sigue siendo precaria.

A pesar de los desafíos, el informe reconoce esfuerzos significativos, como el plan nacional contra el crimen organizado liderado por la subsecretaría de Seguridad, con la colaboración de la ONU y la creación de una Coalición contra el uso ilícito de Precursores y Sustancias Químicas. Esta coalición reúne a al menos 36 instituciones para abordar el problema.

El Centro Conjunto de Operaciones e Investigación (CCOI), establecido en 2020, busca coordinar respuestas al tráfico ilícito, pero la falta de recursos y voluntad política han limitado su eficacia. Honduras forma parte de varios acuerdos internacionales, pero la ejecución efectiva sigue siendo un desafío.

El informe también menciona la escasa información pública sobre el consumo de drogas en el país, señalando que el Observatorio Hondureño de Drogas no ha realizado encuestas significativas. A pesar de que se presume que el consumo de marihuana, cocaína y crack es común, la falta de datos confiables dificulta la comprensión del problema.

Las autoridades hondureñas han tomado medidas para erradicar sembradíos de droga, logrando destruir 194 hectáreas de campos de coca y 14 laboratorios en 2023. A pesar de estos esfuerzos, se desconoce el número exacto de condenas resultantes de los arrestos realizados.

El informe también menciona la denuncia del tratado de extradición por parte del gobierno de Castro, lo que ha generado tensiones con EE. UU. A pesar de estas tensiones, la ministra de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto han reiterado su compromiso de trabajar en la lucha contra las drogas sin caer en la justicia selectiva.

Finalmente, el informe concluye que Honduras debe cerrar la brecha de seguridad en las zonas sin ley. Las acciones futuras deben centrarse en completar la estrategia contra el crimen organizado, mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer las capacidades de interdicción, además de tomar medidas significativas para contrarrestar la corrupción.