TEGUCIGALPA.- El exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios conocerá este jueves la sentencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su participación en una conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos.

Oquelí fue extraditado a EE.UU. en marzo de 2023. Antes fue diputado por el departamento de Colón entre 2010 y 2018 bajo la bandera del Partido Liberal.

En su contra pesaron inicialmente varios cargos, entre ellos conspiración para importar cocaína, uso de armas de fuego y lavado de activos. Al final, el exlegislador se declaró culpable del cargo de conspiración para importar cocaína.

La Fiscalía federal solicitó una condena que puede llegar a 30 años de prisión. La defensa, en cambio, aboga por una pena mucho menor —alrededor de 12 años— lo que deja la decisión del juez abierta a una amplia horquilla.

La acusación sostiene que Oquelí utilizó su influencia política y contactos militares para facilitar el paso de cargamentos desde Sudamérica hacia Centroamérica y, finalmente, a Estados Unidos.

Se le vincula además con la estructura criminal conocida como “Los Cachiros”, y con operaciones destinadas a dar apariencia legal a fondos provenientes del narcotráfico a través de empresas vinculadas a sus actividades.

Investigadores y documentos judiciales mencionan presuntas conexiones con lavado de activos y con empresas que habrían sido usadas para encubrir movimientos de dinero ilícito entre 2009 y 2014.

Las imputaciones no se limitan al tráfico: también existen señalamientos que lo relacionan con episodios de violencia, incluidos casos de asesinatos y desapariciones que, según las investigaciones, formaban parte del entramado de control territorial y protección de rutas delictivas.

El impacto político es grande. El proceso vuelve a abrir el debate sobre la narcopolítica en Honduras y sobre cómo redes criminales habrían infiltrado espacios del poder público.

Para la ciudadanía y analistas, la sentencia que se dicte será un indicador sobre la capacidad de la justicia internacional para castigar a funcionarios vinculados al crimen organizado.