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Tegucigalpa, Honduras. El papel central que juegan los militares en la logística electoral ha avivado la controversia sobre la permanencia de Rixi Moncada al frente de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

Derivada de esa polémica, surgen al menos cuatro preguntas.

1. ¿Puede ser neutral una institución dirigida por una precandidata presidencial? Ese fue el cuestionamiento antes de las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025. Era de esperarse que cualquier contratiempo o impasse registrado se vincularía directamente a la persona que encabeza esa institución.

Luego del polémico proceso, esta pregunta se transforma en:

2. ¿Tuvo algo que ver la participación de Rixi Moncada como precandidata presidencial y secretaria de Defensa con la desorganización, retrasos e incumplimiento al rol constitucional de las Fuerzas Armadas (FF. AA.)?

A este tipo de conflictos de intereses se habían adelantado varios analistas y sectores de la sociedad civil, considerando que las FF. AA. es la institución encargada del transporte y custodia del material electoral, un rol incompatible con la idea de estar al mando de una precandidata a la presidencia.

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Por otro lado, los hechos del 9 de marzo han puesto en el debate público la pregunta sobre:

3. ¿Quiénes son los responsables y qué partido o precandidatos se pudieron beneficiar de las que se han convertido en las elecciones primarias más atípicas de la historia?

La responsabilidad sobre los retrasos e inconsistencia durante las elecciones recae en el Consejo Nacional Electoral, el órgano que lidera y rectora el proceso. Sin embargo, las FF. AA. también tienen su implicancia al incumplir en tiempo y forma con la entrega del material electoral. Serán los órganos legales competentes y el resultado de las investigaciones los que determinarán las sanciones o medidas a aplicar.

4. ¿Esperará Rixi Moncada hasta el día cero para renunciar a su cargo?

La ley establece que Moncada tiene hasta mayo de 2025, dos meses después de las primarias y seis meses antes de las elecciones generales de noviembre para renunciar a su cargo.

Sin embargo, el daño a la percepción de transparencia ya está hecho, luego de un 9 de marzo que quedará marcado en la historia democrática de Honduras.

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