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Tegucigalpa. A pesar de la instrucción girada por la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) para que las instituciones públicas remitan el listado y avalúo de sus inmuebles en desuso con el fin de subastarlos, la respuesta ha sido mínima. Solo 16 propiedades han sido reportadas a la DNBE, de un universo que supera los ocho mil bienes registrados en manos del Estado.

“Solo hemos recibido 16 propiedades. Es bastante en relación con lo que esperábamos, porque las instituciones no quieren soltar los bienes que supuestamente son sus activos”, afirmó.

En 2023, la DNBE reportaba 8,251 bienes inmuebles a nombre del Estado de Honduras: 7,408 terrenos y 843 edificios. De ellos, 1,119 parcelas y 75 edificaciones continúan valoradas simbólicamente en un lempira, evidencia de la falta de actualización y control sobre el patrimonio público.

Según explicó, el artículo 28 de las Disposiciones Generales del Presupuesto establece la obligación de recuperar los bienes del Estado en desuso y someterlos a subasta pública con el respaldo de un dictamen técnico.

La falta de respuesta no solo retrasa el proceso, sino que también podría tener consecuencias legales. Sosa advirtió que el incumplimiento será considerado como negligencia administrativa.

“Las instituciones que no procedan a hacer este proceso serán remitidas al Tribunal Superior de Cuentas. Nadie está por encima de las disposiciones del presupuesto general aprobado por el Congreso Nacional”, sostuvo.

Otro obstáculo es la falta de recursos presupuestarios para contratar peritos valuadores. Aunque la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) dispone de expertos certificados, el costo debe ser cubierto por las propias instituciones solicitantes, lo cual muchas veces no ocurre.

Además de los inmuebles ya registrados, Sosa detalló que existen otras 402 propiedades que fueron entregadas al Estado mediante dación en pago, pero que aún no han sido transferidas formalmente por la Secretaría de Finanzas.

“Nosotros quisiéramos que Finanzas nos entregara las 402 propiedades que están también en el aire. Fueron entregadas como pago por deudas contraídas por el Estado, pero Finanzas no las ha transferido”, denunció.

Estas propiedades, según el funcionario, se encuentran distribuidas en zonas de playa, centros turísticos, áreas arqueológicas y territorios habitados por grupos étnicos. La mayoría de ellas, dijo, tienen potencial para ser vendidas, pero requieren primero una valoración actualizada.

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