Un nuevo informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y The Hague Institute for Innovation of Law (HiiL) destaca que la falta de justicia es uno de los factores clave que alimenta el desplazamiento forzado en Honduras. La voz de los desplazados resuena con fuerza: «Si el sistema judicial hubiera funcionado como debería, creo que quizá las cosas se habrían resuelto mientras yo seguía en mi casa… Pero bueno, me tuve que ir», relata una mujer de 25 años, entrevistada en el departamento de Cortés.

El informe, titulado Necesidades y Satisfacción con la Justicia en Honduras 2024, revela que Honduras se encuentra entre los cinco primeros países de América Latina con mayor número de personas desplazadas. Aunque más de 250.000 personas, aproximadamente el 2,5% de la población, fueron desplazadas entre 2004 y 2018, la situación a menudo permanece oculta debido a los riesgos que enfrentan los desplazados internos al hablar.

La inseguridad y la violencia, especialmente la provocada por maras y bandas, también contribuyen a la huida de muchas personas, al igual que el cambio climático. El informe resalta la relación cíclica entre desplazamiento y justicia, donde el desplazamiento, a menudo visto como la única salida de la violencia, genera nuevos retos legales que dificultan el acceso a la justicia.

«No hay justicia en ningún sitio. Para mí, mudarme de una casa a otra no significa que me vaya a sentir segura. Ellos [los delincuentes] están por todas partes», expresa otra testigo de 43 años que se encuentra en Tegucigalpa.

Puntos críticos:

• Más del 40% de las personas en riesgo de desplazamiento tienen al menos un problema legal, mientras que el 52% de los desplazados internos enfrenta problemas legales graves.
• Los desplazados experimentan más problemas legales relacionados con violencia doméstica, familia y finanzas en comparación con el resto de la población.
• La mayoría de los encuestados considera que la justicia efectiva está fuera de su alcance, creyendo que las autoridades no pueden o no quieren ayudar.
• El 75% de los encuestados reporta consecuencias negativas por problemas legales no resueltos, incluyendo pérdida de ingresos y enfermedades relacionadas con el estrés.
• La muerte de un familiar como resultado de problemas legales resulta desproporcionadamente alta en Honduras, alcanzando el 11%, en comparación con el 5% en Irak.

¿Quiénes son los más afectados? 

En los últimos cuatro años, al menos uno de cada tres hondureños ha enfrentado problemas legales, reflejando una significativa brecha de justicia en el país. Esta brecha se define como la diferencia entre los casos legales resueltos de manera adecuada y aquellos que quedan sin atención o se consideran resueltos injustamente. A través de una encuesta que permite a los participantes seleccionar entre 99 problemas legales en 14 categorías, se ha identificado la naturaleza y gravedad de estos problemas, así como el estado de sus resoluciones y la imparcialidad de las mismas.

Los datos muestran que la prevalencia de problemas legales es más alta entre los jóvenes, con un 37% de los encuestados en esta categoría, y un 35% en adultos jóvenes, en comparación con solo el 20% de los adultos mayores. Este patrón sugiere que las generaciones más jóvenes son las más afectadas por el sistema legal, lo que subraya la necesidad de abordar las barreras que enfrentan en su búsqueda de justicia. Además, se ha considerado la relación entre los problemas legales y el desplazamiento forzado, brindando un contexto más amplio a la crisis de justicia en Honduras.